Sonora, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió en defensa de Pedro Castillo, hoy expresidente de Perú y detenido por la policía de aquel país por el intento de ejecutar un golpe de estado, establecer un gobierno de excepción e imponer un toque de queda, pese a que en diversas ocasiones ha optado por hacer valer el principio de no intervención que México ha tratado de enarbolar desde hace décadas.
Al tratarse de un aliado, al cual visitaría la próxima semana por motivo de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, el mandatario mexicano incumplió su propia promesa de no inmiscuirse en asuntos políticos de otras naciones y catalogó de “lamentable” la destitución de Castillo, considerando los intentos del expresidente peruano como “decisiones” a las que fue “orillado” por sus adversarios.
Tal fue la intención de proteger a Castillo que el gobierno mexicano fue el primero en América Latina en posicionarse, al grado de que el canciller Marcelo Ebrard aseguró que se le daría asilo político a Castillo si así lo solicitase, oferta que hasta el cierre de edición ningún otro país hizo pública. Incluso Luiz Inacio Lula Da Silva, presidente electo de Brasil, faro moral de la izquierda sudamericana, lamentó la caída de Castillo, pero catalogó el proceso como dentro del proceso democrático del país inca.
De hecho, tan sólo un día antes, López Obrador incumplió también el principio de no intervención al salir en defensa de Cristina Fernández, vicepresidente de Argentina, condenada a seis años de prisión tras ser encontrada culpable de corrupción.
Sobre el caso Fernández, el presidente expresó su “más amplia solidaridad”, al no “tener duda de que es una víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo”, esto pese a las pruebas fehacientes presentadas en el juicio contra Cristina.
Oscuridad en casa
Mientras sale en defensa de sus aliados políticos, López Obrador mantiene sus ataques al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), tal como se demostró la madrugada de ayer cuando la Cámara de Diputados aprobó los cambios a las leyes secundarias en materia electoral vía fast track. En los hechos, el presidente, vía la Secretaría de Gobernación (Segob), envió la propuesta a la bancada de Morena, misma que la puso a votación sin haberla leído completamente, es decir, sin conocerla a profundidad, violentando así las obligaciones y el proceso legislativo.
El sabotaje que ocurrió a la democracia en la Cámara de Diputados es ominoso, todo con tal de poder imponer su voluntad en 2024, el año que tiene entre ceja y ceja el presidente”, explicó Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente el INE.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama aseguró que estos cambios no buscan democracia pues provienen del “autoritarismo”, además de que ponen en riesgo la próxima elección presidencial. “Hoy tenemos elecciones limpias y genuinas, pero la reforma del gobierno daña al sistema electoral; es un retroceso autoritario”, explicó.
Sobre el caso, el mandatario dijo sobre lo aprobado que “algo es algo” y que aunque espera que la oposición lleve el caso a la Suprema Corte de Justicia, no quitará el dedo del renglón para “seguir impulsando la democracia”.
Al tiempo, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado adelantó que ahí no se votará sin antes pasar por comisiones, por un análisis minucioso y por una etapa “de reflexión”, por lo que está en duda si la propuesta presidencial tendrá el éxito esperado.
Fuente: Tribuna