Ciudad de México.- El pasado 3 de mayo del 2021, el país entero se conmocionó con la noticia referente al desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, evento que dejó un total de 26 personas muertas, al tiempo que se ordenó tanto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como a la Fiscalía General de la República (FGR), abril una investigación para conocer las causas del desplome, así como ubicar a los posibles responsables.
Esto llevó a una exhaustiva investigación donde además de requirió la ayuda de peritos internacionales quienes señalaron, el tramo elevado de la línea dorada, en específico de la estación Olivos a Tezonco, fue por fallas en las vigas que lo sostienen y la falta de pernos en las estructuras; no obstante, quedaba pendiente una audiencia donde sería necesario comenzar a deslindar responsabilidades a los exfuncionarios ligados a la obra, la cual dio inicio el pasado jueves 14 de julio y, tras 22 horas de audiencia, un juez determinó que no se dictaría, por ahora, prisión preventiva pero en total ocho exfucionarios tendrían prohibido abandonar el país.
José Luis Palacios, juez de control partícipe en esta audiencia, mencionó las medidas cautelares luego de conseguir una imputación por el delito de homicidio y lesiones culposas, por lo cual los exfuncionarios, entre ellos Enrique Horcasitas, quien fungía com director del Proyecto Metro, deberán presentarse una vez al mes para firmar, al tiempo que se informó que será el próximo martes 19 del mes en curso que se definirá cuál es la situación jurídica de los acusados quienes para entonces, podrían recibir o no, prisión preventiva.
Al concluir este proceso, Teofilo Benítez, quien funge como representante lega de las víctima, se mostró inconforme con la decisión tomada por el juez de control pues consideró que estas medidas cautelares contra los exfuncionarios ligados a la construcción del Metro, así como al Gobierno de la Ciudad de México, los benefició, afectando así que se alcanzaran acuerdos reparatorios para las familias de las víctimas de este acontecimiento.
"El resultado de la audiencia es vergonzoso. Imagínense, entre todos los delitos suman como pena mínima 48 años, como pena mínima. Y el juez autoriza unas medidas cautelares irrisorias, como la presentación mensual, de una vez nada más, para los imputados, y que no salgan del país. Todo eso se lo dejamos para que la sociedad haga conciencia y para que vean el tipo de juzgador que tenemos", sentenció.
A modo de explicar las razones por las que ninguno de los exfuncionarios recibió prisión preventiva y solo se les obligó a acudir a firmar de manera mensual ante el Ministerio Público, Gabriel Regino, abogado de Horcasitas y de cuatro imputados más, recalcó que lo anterior se consiguió por el hecho que sus clientes siempre se habían mostrado dispuestos a colaborar a fin de esclarecer los hechos.
"Hemos demostrado siempre que hemos sido requeridos, estamos presentes. Como ha dicho el ingeniero Horcasitas, siempre estamos dispuestos a dar la cara".
Los exfuncionarios que se verán en la necesidad de acudir a demostrar que no han abandonado el país son: Enrique Horcasitas, Juan Antonio Giral y Mazón, Moisés Guerrero Ponce, Enrique Baker Díaz y Ricardo Pérez Ruiz, todos involucrados en asuntos de ingeniería de la construcción de la Línea 12 de la red de transporte público creada durante el Gobierno de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno de la urbe.
Fuente: Tribuna