Cabo San Lucas, Baja California Sur.- El anestesiólogo Gustavo Darwin 'N' es investigado por autoridades federales por la posesión de fentanilo de uso médico en su hogar, en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Hace más de 1 mes, militares y policías allanaron su hogar y lo arrestaron por encontrar cuatro ampolletas de dicha sustancia; además, la casa donde vivía con su esposa e hijos fue asegurada, su actividad profesional fue suspendida y enfrenta cargos por supuestos delitos contra la salud.
La información que se ha dado a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR), es que el médico no cuenta con un permiso oficial de la Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para poseer fentanilo de uso médico. Sin embargo, el propio inculpado declaró que sí estaba autorizado para recetar medicamentos controlados y argumentó tener correos que demuestran que la Cofepris le otorgó 200 recetas para trabajar desde hace 2 años.
Cada que yo receto un medicamento me llega una notificación de Cofepris indicando nombre, dirección y otros datos del paciente a quien se le dio receta. Tengo toda esa evidencia. Yo no estoy acusando a la Fiscalía, yo estoy con el problema con esta persona que está ensañada en el área médica; que ya tiene antecedentes de querer dañar a otros médicos", mencionó en una reciente entrevista
Aunque no mencionó el nombre de la persona que quiere dañarlo, aseguró que "ya la Fiscalía lo dirá. Definitivamente siento que esta persona, por algo personal, está actuando en mi contra". Asimismo, el abogado del médico anestesiólogo, Antonio Juárez, dijo que la fiscal de investigación de la mesa en la subdelegación de La Paz, Baja California Sur, le pidió dinero cuando fue a una entrevista. Narró que en el momento del cateo se actuó con abuso de autoridad y además intimidaron a sus hijas.
El defensor señaló que afuera de la Fiscalía estatal, una persona que estuvo en el cateo, pero ahora vestida de civil, le mencionó que había dos vías: una rápida y una larga; la vía larga es muy cansada y la vía rápida son 200 mil pesos. En tanto, Gustavo Aguirre se negó, puesto que tiene todos sus documentos en orden y los mostró al momento de la entrevista. Le mencionó a la persona que le pidió el dinero que él no tenía la cantidad que le pedían y pidió hablar con la encargada del caso.
Ya en la Fiscalía, para exigir respuestas del porqué se le estaban pidiendo 200 mil pesos, se negaron a hablar con él y pidieron que el abogado pasara solo para mencionarle que ya no eran 200 mil pesos, que ahora eran 600 mil pesos. Finalizó diciendo que es una injusticia lo que está viviendo su cliente, pues se están vulnerando sus derechos, los de su familia y del gremio de salud.
Fuente: Tribuna