Ciudad de México. - El enfrentamiento entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, escaló a un nuevo nivel tras una serie de declaraciones que han puesto en tela de juicio la independencia judicial en México. La controversia se desató el pasado jueves cuando Salazar expresó su preocupación por los planes de López Obrador de implementar una reforma judicial antes de finalizar su mandato, calificándolos como "un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia mexicana".
Debido a esto, la respuesta de AMLO no se hizo esperar. En su habitual conferencia de prensa del viernes, el mandatario mexicano condenó las palabras de Salazar, calificándolas de "desafortunadas e imprudentes" y una "falta de respeto a nuestra soberanía", pero eso no fue todo, pues el gobierno mexicano, a través de la cancillería, también envió una carta de protesta a Estados Unidos por lo que considera una injerencia en asuntos internos.
Te podría interesar
Sin embargo, la cuestión va más allá de la soberanía nacional. La reforma judicial propuesta por López Obrador amenaza con debilitar la independencia del poder judicial y el Estado de Derecho en México, factores que han sido frágiles en la historia del país. La preocupación de Salazar, compartida por el embajador de Canadá, Graeme Clark, radica en que estas reformas podrían poner en riesgo la integración económica de Norteamérica, particularmente en el marco del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
El plan de AMLO, que cuenta con el respaldo de su sucesora designada, Claudia Sheinbaum, incluye la destitución de todos los miembros actuales del poder judicial federal, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo, para reemplazarlos mediante elecciones en 2025 y 2027. Dado el control del partido Morena en el Congreso, es probable que estos cambios favorezcan al partido en el poder, lo que ya generó alarma tanto dentro como fuera de México.
En respuesta a estas propuestas, jueces, magistrados y empleados judiciales en México comenzaron huelgas, mientras que organizaciones internacionales, como la Federación Latinoamericana de la Magistratura, han expresado su preocupación por la amenaza a la independencia judicial en la región. Incluso Human Rights Watch ha instado a AMLO y Sheinbaum a reconsiderar su enfoque, señalando que el problema real reside en la debilidad de las fiscalías, no en los jueces.
A pesar del apoyo público de Sheinbaum al plan de López Obrador, la presión internacional podría complicar su futura presidencia si la reforma judicial avanza. La politización del poder judicial, como advierte Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, podría aumentar el riesgo de corrupción y socavar la confianza en el sistema legal mexicano.
En este tenso contexto, la relación entre México y sus socios norteamericanos enfrenta un desafío significativo, con posibles repercusiones económicas y políticas que podrían redefinir las dinámicas en la región.
Fuente: Tribuna