Ciudad de México.- La reforma al Poder Judicial se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados con 357 votos a favor de Morena, Partido Verde y PT. Esto significa que pasará al Pleno del Senado de la República donde se discutirá y posiblemente aprobará para que en los próximos meses sea publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, pocas personas conocen sobre reforma, su funcionamiento y las personas a las que beneficiará o afectará.
Se trata de una modificación al artículo 95 constitucional para elegir a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la sala superior, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior será a través del voto libre, directo y secreto por un periodo de 12 años, no 15, como es el periodo que dura un magistrado en estas salas. En caso de que se apruebe en el Senado, esto sería a partir de 2025.
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la iniciativa tiene otro punto fundamental en el cual se señala que cada poder, es decir el Ejecutivo, el Judicial, así como el Legislativo, tendrán un comité de evaluación que estará conformado por 5 personas, las cuales serán reconocidas en la actividad jurídica. Las cuales deberán analizar las candidaturas. Asimismo, también se prevé reformar el tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución, para reducir de 11 a 9 el total de los ministros de la Suprema Corte.
otro de los cambios es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, que actualmente se encarga de la administración de la judicatura, así como la vigilancia de la actuación de los jueces. De acuerdo con la reforma al Poder Judicial, se busca que este órgano sea reemplazado por dos instituciones, la primera será el Tribunal de disciplina judicial y el segundo el órgano de administración judicial, los cuales cumplirán con las funciones de vigilar a los jueces, así como de encargarse de la administración de la judicatura.
La reforma también propone algunas reglas, la primera de ellas es la justicia expedita, que propone un plazo máximo de 6 meses para resolución de asuntos oficiales, la segunda se trata sobre suspensiones y se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La tercera es la justicia local, donde los poderes judiciales de las entidades deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados. Finalmente, existirá el fideicomiso del Poder Judicial, en el cual se contempla que cuando hayan finalizado los juicios pendientes, se deberán reintegrar al fondo de pensiones para el bienestar, respetando los derechos y prestaciones de trabajadores.
Fuente: Tribuna