Buenos Aires, Argentina.- El Tribunal Oral en lo Criminal federal 2 de Buenos Aires ordenó el decomiso de bienes de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), por un valor actualizado de 490 millones de dólares. La medida también alcanza a sus hijos, Máximo y Florencia, así como al empresario Lázaro Báez, todos condenados en la llamada Causa Vialidad.
La sentencia, que quedó firme el pasado 10 de junio, responsabilizó a Fernández por irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en Santa Cruz, durante su gobierno y el de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007). En un primer momento, la Corte Suprema de Argentina había fijado el monto a incautar en más de 60 millones de dólares. Sin embargo, tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores del máximo tribunal, la cifra fue actualizada hasta alcanzar los 490 millones.
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El decomiso incluye bienes inmuebles de empresas como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. El 10 de junio, la Corte Suprema ratificó por unanimidad la condena en doble instancia contra Fernández, quien recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en obra pública.
El tribunal que los declaró culpables dejó a criterio de los condenados definir el porcentaje que le correspondía a cada uno por el decomiso de bienes. Pero ninguno de ellos acató la medida y presentaron recursos de apelación que fueron rechazados por instancias judiciales superiores. La exmandataria, quien sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político. No se pronunció sobre la resolución de este martes.
La Causa Vialidad llegó al juicio oral en 2019 y derivó en diciembre de 2022 en la condena de Cristina Fernández por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentencia que fue confirmada el pasado 17 de junio por la Corte Suprema de Argentina. La expresidenta cumple la pena en su vivienda del barrio porteño de Recoleta y permanece inhabilitada de manera perpetua para ocupar cargos públicos.
Fuente: Tribuna del Yaqui
