Bogotá, Colombia.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe, en un veredicto sin presentes hecho por la jueza Sandra Heredia, ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria, acusado por los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La resolución marca un hito en la historia de inflexión del país, después de más de siete años del proceso. El caso inició en 2012, año en el cual el también abogado acusó al senador Iván Cepeda de manipular testimonios para involucrarlo en el paramilitarismo.
Aunque la Corte Suprema no encontró fundamentos en contra del senador, por el contrario, se abrió una investigación contra el exmandatario por la presunta manipulación de testigos. Además, la Fiscalía General de la Nación agregaría cargos por fraude procesal, sobornos en proceso legal y soborno simple. Algunas de las pruebas presentadas eran grabaciones de su abogado Diego Cadena donde ofrecía prebendas a testigos como Juan Guillermo Monsalve para que se retractaran.
Aunque fue exonerado del cargo de soborno simple, el tribunal concluyó que Uribe tenía conocimiento y respaldó el plan de alteración judicial, convirtiéndolo en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Uribe fue jefe de Estado durante dos periodos consecutivos (2002-2010), destacándose por su estrategia de seguridad democrática, el combate frontal a las guerrillas, la desmovilización de paramilitares y su estrecha relación con Estados Unidos mediante el Plan Colombia.
Antes de su presidencia, fue alcalde de Medellín, senador, gobernador de Antioquia y director de Aeronáutica Civil. Tras dejar el poder, fundó el Centro Democrático y se consolidó como el más férreo opositor al proceso de paz con las FARC, impulsado por su sucesor Juan Manuel Santos. La figura de Uribe ha estado acompañada de múltiples controversias.
Durante su administración se denunciaron miles de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", en las que civiles fueron asesinados y reportados como insurgentes abatidos. Aunque nunca fue juzgado por estos hechos, su nombre ha sido reiteradamente mencionado en indagaciones judiciales. En política exterior, fortaleció alianzas con Estados Unidos e Israel, pero tensó las relaciones con Venezuela y Ecuador, particularmente tras el bombardeo a territorio ecuatoriano en 2008.
Su enfoque internacional fue criticado por depender excesivamente de Washington y distanciarse de iniciativas regionales de integración. El fallo provocó un vendaval de reacciones dentro y fuera del país. Mientras sectores progresistas celebran la decisión como una victoria del Estado de derecho, líderes conservadores y congresistas estadounidenses denuncian una supuesta persecución política. Algunos incluso hablan de una “cacería de brujas”.
El presidente Gustavo Petro instó a Uribe a acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero el exmandatario rechazó con firmeza la propuesta, acusando a Petro de actuar sin honor. La sentencia es apelable. Mientras tanto, Uribe cumplirá la pena en su vivienda en Rionegro, Antioquia, y deberá pagar una multa superior a 3, 400 millones de pesos colombianos, además de enfrentar una inhabilitación de más de ocho años para desempeñar cargos públicos.
El dictamen judicial ha reconfigurado el escenario político rumbo a las elecciones de 2026, debilitando al uribismo y fortaleciendo a voces como la de Iván Cepeda, símbolo de la oposición progresista. En una nación profundamente dividida, la condena a Álvaro Uribe podría representar tanto el cierre de un ciclo histórico como el inicio de una nueva disputa por la verdad y la memoria en Colombia.
Fuente: Agencia México
