¿Ha cambiado Sonora después del primer año de gobierno de Alfonso Durazo? De forma sí. De Fondo No. Ha cambiado el discurso político oficial; se ha reducido la actividad de los partidos políticos; se han intensificado las visitas del presidente de la República a la entidad; y se han generado expectativas importantes en ciertas regiones sobre obras anunciadas.
Un año es poco tiempo para registrar objetivamente un verdadero cambio en la política y la sociedad sonorense, sobre todo cuando se generaron expectativas en torno a la transición política y cuando —históricamente se ha demostrado— los cambios locales no necesariamente se generan en función del gobierno estatal.
¿Hay diferencias en el estilo de gobierno?
Los gobiernos anteriores trataron de imponer un estilo, sobre todo en las formas de comunicarse con la gente y en los mecanismos para reclutar e integrar colaboradores. Desde las jornadas madrugadoras de Samuel Ocaña, que atendía gente en el palacio desde las 6 de la mañana, hasta quienes dejaron de vivir en la Casa de Gobierno o quienes le dieron prioridad a las encuestas y la comunicación social.
Durazo gobierna con un estilo tradicional y no se ha dado un rediseño de la política estatal, porque el supuesto “vino nuevo” se sigue vaciando en “odres viejos” de varias —y tradicionales—, corrientes políticas.
¿Qué tan de izquierda es el gobierno estatal?
Casi nada. Del gabinete de Durazo, como izquierdistas reales solo figuran Olga Armida Grijalva de la izquierda académica teórica y Lorenia Valles de la corriente Bejarano-Padierna sin una mayor influencia ideológica.
¿Y en el enfoque de los problemas?
Tampoco. La mayoría de los gobernadores antes de Durazo tenían como prioridades la educación, la economía y los rezagos sociales. Ahora son los temas de la seguridad, la economía y la infraestructura los que han dominado la agenda del gobierno en el primer año, retomando los programas federales sobre todo lo referente a los rezagos indígenas.
¿Y la seguridad?
El mayor problema de Sonora empezó a ser abordado por Alfonso Durazo desde que el presidente López Obrador lo designó secretario de Seguridad Pública en diciembre del 2018. Con la complacencia de la gobernadora Pavlovich, Durazo empezó a nombrar comisarios de Seguridad Pública en los principales municipios de la entidad para ver si con eso paliaban la crisis, pero muy poco se logró. A partir del 2021 y con un gabinete de seguridad propio, las cosas no han cambiado mucho, y el problema de la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los sonorenses por la violencia y el control cada vez mayor del crimen organizado de regiones y municipios enteros y de la injerencia del mismo ya en actividades económicas y políticas.
¿Y la relación con el centro?
Desde don Rodolfo Félix Valdés y Miguel de la Madrid, no se había dado el caso de un gobernador de Sonora con tan buena relación con el presidente de la República.Durazo, además tiene mayoría calificada en el Congreso del Estado, los senadores, los siete diputados federales y los principales ayuntamientos controlados por su partido.
¿Y cuál es la diferencia?
Que antes sí había dinero para inversión y no había tanto control político y que ahora hay control político y buena relación con el centro, pero no hay dinero para inversión pública.
¿Y por qué no hay dinero?
Porque la mayoría del presupuesto asignado para obras se las han llevado las emblemáticas del presidente López Obrador: El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el subsidio a las gasolinas y a los programas sociales.
¿Y eso qué significa?
Que los grandes proyectos de infraestructura anunciados por Durazo desde la campaña política todavía no aterrizan, cuando menos en su primer año. Ahí está el caso del Hospital General de Hermosillo (que según versiones oficiales ya estaba al 90%) cuya inauguración se había anunciado con bombo y platillos, pero se ha tenido que posponer múltiples veces por varias razones; las más importantes: la carencia de dinero para equipamiento y la cuestión del personal (que luce en chino).
¿Y entonces?
Hay que ver cómo viene el proyecto de presupuesto de egresos federal para el 2023 y qué obras vienen programadas para Sonora.
De ahí va a depender que algunas de las obras anunciadas —si apareciesen en el presupuesto— pudieran concretarse y trabajar en un cabildeo intenso con la federación para que se aceleren. Si no es así, se ve difícil que en el segundo año se concreten.
¿Por qué se ve difícil?
Porque el 2023 será un año de mucha política y poca administración. Será el año de las decisiones políticas y de las candidaturas presidenciales en los partidos políticos, y la administración federal se va a mover —y distraer— mucho. Además, no sabemos todavía en qué medida las obras emblemáticas del presidente requerirán de ampliación de recursos y jalen los de los estados, al igual que los programas sociales, en un año típicamente pre-electoral donde deberán cuidarse y atenderse a las clientelas políticas y la base electoral del partido en el poder.
¿Y afectará al Estado también el panorama económico nacional?
Claro. Las perspectivas de crecimiento para 2022 son del 2.2% y para el 2023 del 1.6%. La inflación anual será la más alta de los últimos años (8.7%) y eso necesariamente repercutirá en los presupuestos públicos porque habrá menos recursos para invertir, menos creación de empleos y las obras anunciadas aumentarán considerablemente sus costos originales al subir de precio los principales materiales requeridos para hacerlas. Tan sencillo como eso.
¿Un primer año de transición en Sonora?
Sí. De muchos proyectos y anuncios de ajustes de cuentas con el pasado inmediato, que al poco tiempo se enfriaron, con el nombramiento de la ex gobernadora como Cónsul en Barcelona.
¿Y el Congreso local?
Muy decepcionante, porque no ha estado a la altura del debate útil para México y Sonora. Se han perdido en puras menudencias y han dejado fuera los temas verdaderamente importantes para Sonora como los de la representación, la rendición de cuentas, la reforma municipal y los temas alternativos de seguridad. Para mal regresamos a las etapas de sumisión del Legislativo al Ejecutivo y a la ausencia real de crítica desde el Congreso. Lamentable.
¿Y los Ayuntamientos?
Lucen muy poco, porque los que ofrecieron un cambio están peor que antes en materia de hacienda municipal, y ahí es donde más se han notado regresiones administrativas y políticas, como el nepotismo o el sistema de botín familiar en la integración de las administraciones.
¿Y el equipo de trabajo del Ejecutivo?
Hasta ahora se ha notado poco. La integración plural del equipo de gobierno con gente de la academia y de otros partidos no contaba previamente con la experiencia de gobierno, y el propio Ejecutivo ha tenido que asumir funciones extras, sobre todo las de aquellos que hasta ahora no han reaccionado con eficacia a los problemas del estado, ni han sabido ser interlocutores con las representaciones del Estado.
También en la administración estatal se regresó a la integración administrativa por la vía del parentesco y la relación familiar. Según ellos “porque no contaban con suficiente gente para gobernar y/o porque ya les tocaba una oportunidad a las familias y parientes”, “después de tantos años de lucha y esfuerzos” (sic).
¿Habrá un balance del primer año de gobierno?
Ojalá que se haga desde una perspectiva crítica. Destacaríamos que en Sonora hay libertades, avances en los programas sociales y la atención a los indígenas, confianza en la relación del gobernador con el presidente, pocos empleos y poca inversión privada y pública y hay muchas dudas y preocupaciones en materia de seguridad por la violencia diaria, por la falta de un consistente proyecto educativo para darle continuidad a los niveles medio superior y superior, y por el fallido programa de salud del INSABI tras la cancelación del Seguro Popular, que dejó muchos vacíos en la entidad al igual que en la federación sobre todo en la calidad del servicio, los tiempos de espera en las consultas y el abasto de materiales y medicamentos y todavía no se sabe nada de los grandes hospitales.
¿Y las oposiciones?
Oposiciones reales serían el PRI, PAN, MC y PRD, que están en proceso de organización y apenas saliendo de sus crisis. El resto de los partidos (cinco) que operan en la entidad —aliados del gobierno— están dedicados a buscar empleos en el Estado para sus militantes y se mantienen jalando personas de otras fuerzas políticas para engordar sus estructuras con miras a negociar con Morena el 2024 sobre todo, para tratar de conservar el registro. ¿Entonces? Hay que esperar un mejor segundo año de gobierno y que las obras anunciadas inicien (cuando menos las más importantes) en los primeros meses del 2023. Más allá de las versiones optimistas, a Sonora le urgen nuevos empleos, más inversión pública y privada y nuevos rumbos en salud, seguridad, educación, cultura y replantear las relación política con los gobiernos municipales de todos los colores.
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