El transporte suele ser uno de los servicios menos considerados al hablar de lo público, pese a que en realidad se trata de uno con el que puede medirse el 'estado de las cosas' en una sociedad.
Para no pocos politólogos el transporte aborda per se la justicia social, pues desvela de un tajo el nivel de equidad, de igualdad de oportunidades y acceso a beneficios de los que goza una población, independientemente de su nivel socioeconómico.
Bajo tales parámetros, el transporte público permite ver cómo funciona la relación entre gobernantes y gobernados; los primeros tienen la obligación de ofrecer las condiciones para que los segundos se movilicen de forma digna, segura y rápida.
Si el gobierno en turno reconoce en el transporte una vía hacia el desarrollo, entonces la sociedad tiene un aliado que comprende que un adecuado servicio significa cerrar sus brechas, abiertas durante décadas por la ambición de algunos funcionarios y concesionarios inescrupulosos.
Sonora funciona como ejemplo en varios niveles. Durante varios sexenios, el transporte público fue entregado a una camarilla de seudo empresarios que prometieron brindar un servicio de categoría y aceptar toda regulación necesaria.
En conjunto con gobiernos sin vocación social, hicieron del transporte urbano un negocio multimillonario asentado en bases no sólo mediocres, sino brutalmente injustas, que dejaban en último lugar de la cadena al usuario, paradójicamente que tendría que ser el eje de la política pública de movilidad.
Con el paso de los años, se normalizó el uso de unidades en mal estado, carentes de aire acondicionado, pero también de asientos decentes o de motores en condiciones óptimas.
Hoy, las esperas largas, el mal trato de choferes, el calor agobiante, las demoras en la ruta… básicamente la degradación del usuario, es asunto de todos los días.
Por todo lo dicho es que el anuncio que dio Alfonso Durazo ayer sobre el ingreso de 113 autobuses y 50 unidades tipo van para beneficio de 187 mil sonorenses significa, sin duda, aire fresco para un tema hediondo.
Durazo, mediante una alianza con la iniciativa privada, dio un paso significativo para lograr la dignificación de un servicio indispensable para Sonora.
Más allá de parafernalias del aparato burocrático estatal y las fanfarrias correspondientes, la decisión del gobernador de confiar en empresarios y asumir el riesgo político de que el tema no termine bien, resume que la disposición de cambiar la realidad, la menos, existe.
Bien podría Durazo ignorar la exigencia ciudadana y navegar con bandera de inocencia, pero prefirió apostar fuerte. Por el bien de la justicia social, ojalá le salga.
@cmtovar