Monterrey, Nuevo León. - Nuevo León enfrenta un tercer día consecutivo de incertidumbre política, ya que coexiste con dos gobernadores: Luis Enrique Orozco Suárez, en calidad de interino, y Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien, tras declinar su precandidatura presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), retornó a sus funciones el pasado sábado 2 de diciembre.
El conflicto radica en que el Congreso de Nuevo León aún no ha sesionado para revocar la licencia temporal de Orozco, poniendo al estado en una situación de crisis política. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoce a Orozco como gobernador interino, García retoma sus actividades y se reúne con su gabinete, ignorando la situación del gobernador interino.
Movimiento Ciudadano se encuentra ahora en la encrucijada de seleccionar un nuevo precandidato, entre los cuales se rumora están Jorge Álvarez Máynez o Dante Delgado, o decidir si irá en alianza con otras fuerzas políticas.
¿Desacato de Samuel García?
Este domingo, García negó que haya una crisis política y sostuvo que no hay desacato de su parte, ya que, según él, la resolución de la licencia no fue cumplida debido a su declinación. Legalmente, sin embargo, sigue siendo gobernador con licencia y expertos sugieren que podría estar incurriendo en desacato, al no reconocer a Orozco como mandatario oficial.
La Suprema Corte respalda la gubernatura interina de Orozco, lo que ha generado preguntas en redes sociales sobre si García está cometiendo desacato y si podría enfrentar sanciones.
Desacato y Legitimidad Jurídica
El desacato, aunque no esté explícitamente definido en las leyes mexicanas, se refiere a la falta de respeto, obediencia o sumisión a la autoridad o la ley, así como a la obstaculización del sistema judicial.
El Código Penal Federal contempla sanciones para la desobediencia de particulares y el uso de la fuerza contra la autoridad. La desobediencia, definida como negarse a prestar un servicio de interés público requerido por la ley, podría sancionarse con trabajo comunitario. Mientras que la resistencia activa a la autoridad, con uno o dos años de prisión y una multa.
El artículo 181 equipara la resistencia a la coacción a la autoridad pública, sancionando la violencia física o moral para forzar la ejecución de actos oficiales.
Este lunes, los diputados locales se reunirán para abordar esta situación crítica, determinando si Samuel García está cometiendo desacato y qué medidas legales podrían seguirse. La incertidumbre persiste en Nuevo León, sumido en un enfrentamiento político de consecuencias inciertas.
Fuente: Tribuna