Cajeme, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dejado claro que el buque insignia de su Gobierno son los programas sociales. Desde que llegó al poder, el tabasqueño ha puesto en la política social los mayores esfuerzos y cantidades enormes de dinero, pues desde su perspectiva las transferencias directas han cambiado la vida de millones de mexicanos.

Durante su Quinto Informe, el presidente adelantó que, debido al éxito obtenido, en 2024 se incrementarán los montos de pensiones y de algunas de las becas que otorga el Gobierno Federal. El problema es que, más allá del recurso que llega a los beneficiarios, el impacto de la política pública más ambiciosa del sexenio, no termina por ofrecer los resultados esperado, al menos en la licha por disminuir la desigualdad y abatir la pobreza.

Toda política social se debe hacer pensando en que la gente que la recibe, en un periodo de tiempo corto o mediano, ya no la necesite; es decir, que le sirva de escalón, de red de protección en búsqueda de una mejora de su vida”, dice Mariana Campos, investigadora.

De acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el actual gobierno gasta tres veces más en los programas sociales que el de Enrique Peña Nieto, con resultados muy similares en la licha contra la pobreza. Por ejemplo, hace poco el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas Sociales (Coneval), dio a conocer que si bien 5.1 millones de personas dejaron el espectro de pobreza multidimensional, los pobres extremos pasaron de 8.7 a 9.1 millones de personas.

De acuerdo con los expertos, el detalle con las transferencias directas está en que, al no ser universales, sino enfocadas, se derrumban ciertas barreras, pero no se termina por salir de la marginación.

El combate a la pobreza sólo se logra si se mejoran las condiciones de ingresos en los hogares, lo que se puede ayudar mediante políticas laborales, una mayor exigencia de sueldos dignos y flexibilidad para los trabajadores, básicamente sacarlos de la precariedad laboral, pero eso no se hace”, explica el investigador Andrés Sumano.

Para el Coneval, sin los programas sociales en lugar de los 46.8 millones de mexicanos que se tienen en pobreza, habría 50.3 millones, además de 11.5 en pobreza extrema, lo que significa que el gasto social evitó que 5.9 millones estuvieran en tal escalafón. Aunque esto es discutido por los analistas, que alertan sobre la relación entre el costo y los resultados. De acuerdo con los análisis de México Evalúa, si bien casi seis millones no están en las garras de la pobreza, para llegar a este resultado se gastó hasta tres veces más que el sexenio anterior.

En el 2018, último año de Peña Nieto en el Ejecutivo, el efecto en la pobreza de los programas fue de 1.9 millones de mexicanos que salieron del umbral, por 2.7 el año pasado; esto quiere decir que para avanzar ocho décimas se echó mano de un gasto de casi tres veces más. Para el próximo año se presupuestó un gasto de 543,920 millones de pesos para los programas sociales, un 25% más de lo que se ejercerá en 2023.

Realidad

Para el IMCO, si bien hay un mayor número de hogares que reciben recursos de los programas sociales, pero el problema está en la segmentación, ya que los deciles de menores ingresos están obteniendo menos apoyos que durante el sexenio de Peña Nieto.

Es un tema de focalización. Este gobierno ha decidido orientar los esfuerzos en la cantidad y no realmente en abatir un condicionante de pobreza… es una estrategia que denota velocidad, es decir, que se hizo así para no perder tiempo en el enfoque y el análisis”, explica la politóloga Leonor Gómez.

Esto es notorio en el análisis de México Evalúa, cuando queda claro que, por ejemplo, las transferencias hacia jóvenes mediante las becas Benito Juárez o el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, no han funcionado. Hoy hay más jóvenes con trabajos precarios y menos en trabajos formales que hace cuatro años, y muchos de los estudiantes que reciben la beca no pensaban desertar de la escuela aunque no tuvieran ese recurso, sobre todo los que habitan ciudades medianas y grandes.

El investigador Rodolfo Torre, explica que el problema de la universalidad de los programas sociales radica en que no hay segmentación real, es decir, se excluye a los pobres, aunque en los dichos sean la prioridad del gobierno.

Hablamos de un mecanismo en el que se universaliza el apoyo y no hay segmentación ni hay enfoque, entonces por eso es que los recursos han terminado en porcentajes altos entre los deciles más alto de la economía, lo que es un problema a la hora de abatir el rezago, la desigualdad y la pobreza”.

Fuente: Tribuna