Ciudad de México. - La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó dos propuestas de reforma que han generado controversia por su potencial impacto en el equilibrio de poderes en México. Las iniciativas buscan modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, introduciendo un cambio significativo en el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
Hay que señalar que, de acuerdo con la reforma original impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el proceso de elección de candidatos a jueces y magistrados se basaba en una lista de 10 candidatos por cargo vacante (o seis, según sea el caso) que los Comités de los tres Poderes de la Unión elaboraban. Posteriormente, se realizaba una insaculación para seleccionar a los aspirantes definitivos, en un proceso que debía cumplir con los principios de transparencia e imparcialidad establecidos en el Artículo 96 de la Constitución.
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Sin embargo, la propuesta de Sheinbaum agrega un paso adicional que ha generado críticas, pues después de que los Comités presenten la lista de candidatos, ésta deberá ser devuelta a la titular del Ejecutivo o a los plenos de los Poderes (la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación) para que “determinen su conformidad” antes de proceder con la insaculación. Esto implicaría que el partido en el poder, Morena, y sus aliados puedan vetar candidatos con base en criterios subjetivos, ya que actualmente controlan la Presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado.
En el caso de la Presidencia, no habría ningún contrapeso para vetar las candidaturas. En cuanto a la Cámara de Diputados, la de Senadores y la Suprema Corte, se requerirá una votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes para aprobar o rechazar a los candidatos propuestos. Este cambio podría otorgar a Morena la capacidad de influir de manera significativa en la selección de jueces y magistrados, generando preocupación sobre el equilibrio de poderes en el país.
El senador Ricardo Anaya fue uno de los primeros en señalar las implicaciones de esta propuesta durante la junta de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado. Anaya comparó el actual proceso de selección con el estipulado en la reforma constitucional anterior y acusó a Morena de buscar un “control total del Poder Judicial”. “Lo que hoy están planteando es un insulto al procedimiento ya de por sí cuestionable que habían aprobado antes. Ahora pretenden decidir quiénes pueden o no ser candidatos, eliminando el carácter libre y secreto de la votación”, afirmó Anaya.
Pero esto no fue todo, pues el senador también advirtió que, con estos cambios, la lista de candidatos podría verse reducida a aquellos que cuenten con el respaldo de la presidenta y del pleno controlado por Morena. “Están engañando a la gente diciendo que van a poder votar de manera libre, directa y secreta, cuando en realidad ustedes van a definir quién aparece en la boleta. No habrá una persona que no esté palomeada por ustedes”, acusó Anaya.
Las reformas entraron en vigor el pasado 16 de septiembre y abrieron un debate sobre la autonomía del Poder Judicial y el papel del Legislativo y Ejecutivo en el proceso de selección de jueces. Aunque Morena y sus aliados defienden la medida como un mecanismo de control y verificación de las candidaturas, la oposición considera que estas modificaciones amenazan con concentrar el poder y debilitar la independencia del Poder Judicial en México.
La discusión apenas comienza, y se espera que la propuesta enfrente un arduo proceso de revisión y debate tanto en el Congreso como en la opinión pública, donde los cuestionamientos sobre el impacto de esta medida en la democracia y el Estado de derecho seguirán ocupando el centro del debate nacional.
Fuente: Tribuna