Oaxaca, Oaxaca. - Oaxaca lamentablemente volvió a teñirse de sangre, pero esta vez de Lorenzo Santos Torres, un defensor de derechos humanos, su esposa e hija. El brutal ataque ocurrió cerca de la cabecera distrital Sola de Vega cuando el activista viajaba a bordo de un vehículo con su familia. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI) confirmó el hecho.
El ataque sucedió durante la madrugada del 18 de julio sobre la carretera federal 131 Oaxaca-Puerto Escondido, a la altura de la comunidad San Andrés Zabache. Lorenzo Santos, de 53 años, viajaba en una camioneta Toyota pickup 2016 con su esposa Marcela Girón Castro, de 48 años, y su hija María Guadalupe Santos, de 26 años. La familia fue interceptada por un grupo de hombres armados, quienes dispararon contra ellos y posteriormente les dieron el 'tiro de gracia' antes de incendiar el vehículo. La camioneta fue localizada horas después, semi calcinada.
Para quien no lo haya conocido, Lorenzo Santos Torres fue un destacado defensor de los derechos humanos, políticos, de la tierra y territorio en la sierra sur de Oaxaca. El CEDHAPI destacó que en 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó la medida cautelar MC-338-13 debido a su labor. Además de su activismo, Santos ocupó varios cargos públicos, incluyendo alcalde municipal de Santiago Amoltepec en 2010 y agente municipal del centro de Santiago Amoltepec en 2020.
Cabe señalar que ellos ya habían pasado por una tragedia, pues en 2013, su hijo Jonatán Santos, de 10 años, fue asesinado mientras jugaba en su domicilio, un trágico antecedente que marcó a la familia.
Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que Lorenzo Santos había recibido múltiples amenazas de muerte, aunque él había rechazado la protección del Protocolo de Protección a Víctimas de dicha dependencia. Tras el asesinato, la FGE abrió una carpeta de investigación por Homicidio Doloso, señalando la venganza como la principal línea de investigación. Las pesquisas iniciales se centran en Santiago Amoltepec, de donde era originaria la familia.
El asesinato de Lorenzo Santos y su familia se suma a una preocupante estadística de violencia contra defensores de derechos humanos en México. Según la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se registraron 92 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos y activistas.
El más reciente informe de la Red TDT destaca que estos actos son perpetrados por motivos políticos, como represalia por la defensa de algún derecho humano. De las 92 víctimas, 76 eran hombres y 12 mujeres, con la mayoría de los crímenes ocurriendo en Oaxaca, seguido por Chiapas. Aunque la incidencia de estos actos ha disminuido en comparación con el sexenio anterior, siguen siendo una táctica utilizada para inhibir la lucha social y la defensa de los derechos humanos.
Las autoridades continúan investigando para llevar a los responsables ante la justicia y evitar que hechos tan lamentables se repitan.
Fuente: Tribuna