Morelia, Michoacán.- Desde hace ya varias décadas, Michoacán ha sido un epicentro de la violencia y un constante laboratorio para las estrategias de seguridad nacional en México. Lejos de ser un problema aislado, su complejidad, que combina factores geográficos, económicos y sociales, ha desafiado a cada administración federal, obligándolas a diseñar planes específicos que han evolucionado con el tiempo. Analizarlos permite entender las distintas visiones sobre cómo llevar paz a uno de los Estados más convulsos del país.
Felipe Calderón (2006-2012)
La estrategia de seguridad moderna para Michoacán comenzó simbólicamente con el sexenio de Felipe Calderón. A pocos días de asumir la presidencia, lanzó el 'Operativo Conjunto Michoacán', un despliegue masivo de miles de soldados y policías federales. El enfoque era la confrontación directa y el uso de la fuerza militar para desmantelar a los cárteles dominantes de la época, principalmente La Familia Michoacana.
La lógica se centraba en la "estrategia de descabezamiento", que consistía en capturar o abatir a los líderes criminales para debilitar sus estructuras. Si bien se lograron detenciones importantes, el resultado a largo plazo fue la fragmentación de los grupos criminales. En lugar de un gran cártel, surgieron múltiples células más pequeñas y violentas que se disputaron el territorio, complicando el conflicto y haciéndolo más difícil de controlar.
Enrique Peña Nieto (2012-2018)
Al heredar un Estado en crisis, con el surgimiento de grupos de autodefensa ciudadana que dejaban en evidencia el vacío de autoridad, la administración de Enrique Peña Nieto optó por un enfoque híbrido. Se creó la 'Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán', encabezada por un comisionado federal, Alfredo Castillo, que en la práctica funcionó como un poder ejecutivo paralelo.
La estrategia tuvo dos ejes principales: por un lado, mantener la presencia de fuerzas federales y, por otro, intentar institucionalizar a las autodefensas a través de la creación de la Fuerza Rural. Se buscaba cooptar el movimiento ciudadano para integrarlo a la estructura del Estado. Aunque se logró una pacificación temporal en algunas regiones como Tierra Caliente y la captura de líderes de Los Caballeros Templarios, el modelo demostró ser frágil.
La Fuerza Rural fue infiltrada por elementos criminales y las causas estructurales de la violencia no se resolvieron, permitiendo el fortalecimiento de nuevas organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso un cambio de paradigma con su política de "abrazos, no balazos", enfocada en atender las causas sociales de la delincuencia, como la pobreza y la falta de oportunidades. La principal herramienta operativa fue la creación de la Guardia Nacional, una fuerza de carácter militar que sustituyó a la Policía Federal y fue desplegada en Michoacán y otras zonas conflictivas.
A pesar del cambio en el discurso, la presencia militar en el Estado continuó siendo una constante. Sin embargo, la directriz de evitar la confrontación directa fue criticada por generar una percepción de inacción ante el avance de grupos criminales, que diversificaron sus actividades a la extorsión de productores de aguacate y limón. La violencia persistió, marcada por disputas territoriales entre el CJNG y alianzas locales como Cárteles Unidos.
Claudia Sheinbaum (2024-2030)
La estrategia delineada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca consolidar y ajustar el modelo actual. Su plan se basa en cinco ejes: Honestidad y Atención a las Causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación; Coordinación con policías estatales y fiscalías; y Reforma al Poder Judicial para reducir la impunidad.
No obstante, la presidenta Sheinbaum creó el 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia', como respuesta a la ola de violencia que padece el Estado y que tuvo su punto crítico con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la segunda ciudad más importante en Michoacán, solo detrás de la capital Morelia, ocurrido el pasado 1 de noviembre. En total, las Fuerzas de Seguridad que pretende desplegar el Gobierno mexicano son un total de 10 mil 506 agentes, quienes se sumarán a mil 782 agentes de la Secretaría de Marina.
Fuente: Tribuna del Yaqui
