Toluca, Estado de México.- Tras el proceso de presentación y desahogo de pruebas, la autoridad judicial del Estado de México determinó la responsabilidad penal de María Elena Martínez Robles, quien fungiera como presidenta municipal de Amanalco, en el delito de homicidio calificado. El fallo surge como resolución a los hechos ocurridos el pasado 25 de enero de 2023, en los que perdieron la vida las víctimas identificadas con las iniciales G.J.R., quien se desempeñaba como síndico municipal, y M.A.L.C.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró acreditar ante el juez los hechos, estableciendo que la entonces alcaldesa utilizó su jerarquía y poder político para instruir la ejecución del crimen. Según la investigación ministerial, Martínez Robles ordenó deliberadamente el traslado de los servidores públicos a una zona geográfica de alto riesgo, conocida por estar bajo el dominio de grupos delincuenciales, bajo el pretexto de cumplir con comisiones oficiales.
Las indagatorias revelaron que la exfuncionaria mantenía comunicación directa con miembros de una organización criminal con orígenes en el estado de Michoacán. Fue a través de este vínculo que solicitó el asesianto del Síndico, con el objetivo principal de eliminar la oposición política y mantener el control absoluto sobre las decisiones administrativas y financieras del ayuntamiento. La detención de la ahora sentenciada se dio en el marco de la 'Operación Enjambre'.
Dicha estrategia de seguridad está diseñada para desarticular redes de corrupción y complicidad entre autoridades locales y el crimen organizado. Este despliegue contó con la coordinación del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).
Cabe destacar que la 'Operación Enjambre' ha demostrado una alta efectividad judicial, pues de los 16 objetivos prioritarios detenidos durante estas movilizaciones, las autoridades han logrado obtener sentencias contra 10 de ellos, lo que representa un avance significativo en el combate a la impunidad en la región. Una vez establecida la culpabilidad de María Elena Martínez Robles gracias a los datos aportados por el Ministerio Público, la autoridad judicial programó para el próximo martes la audiencia de individualización de sanciones, momento en el cual se definirá la pena privativa de libertad y las reparaciones del daño que deberá cumplir la ex servidora pública.
Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM
