San Mateo, Oaxaca.- La presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, Lilia Gema García Soto fue asesinada junto con otras tres personas en un ataque ocurrido dentro de las oficinas de la sede del gobierno local, cuando ingresaron al recinto unos hombres armados y abrieron fuego contra las víctimas quienes fallecieron debido a las heridas provocadas por los disparos.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar de los hechos, todo sucedió alrededor de las 11:00 horas cuando los sujetos armados y con el rostro cubierto arribaron a la presidencia en motocicletas, ingresaron al recinto y abrieron fuego contra la edil, arrebatándole la vida en el acto.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha iniciado una investigación para esclarecer el asesinato de la alcaldesa y las otras tres personas incluido el síndico municipal y dos policías locales, en respuesta a este acto violento, se desplegó un operativo de seguridad en la zona, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La Vicefiscalía Regional de la Costa, adscrita a la FGEO, ha asumido las labores ministeriales y periciales necesarias para identificar a los responsables; según detalló la Fiscalía, se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y garantizar que los culpables enfrenten la justicia. Este compromiso incluye la recopilación de pruebas y testimonios que permitan avanzar en el caso.
El ataque, que tuvo lugar en el corazón del gobierno municipal de San Mateo Piñas, ha generado conmoción en la región. Las autoridades han reforzado la seguridad en el área mientras continúan las indagatorias. La FGEO reiteró su determinación de actuar con celeridad para resolver este caso y brindar justicia a las víctimas y sus familias.
De acuerdo con información de Infobae, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó el asesinato de la presidenta municipal en su cuenta oficial de X a través de una publicación y condenó el acto.
“Condenamos enérgicamente el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto. No puede haber impunidad ante este acontecimiento. Vamos a colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y hacer justicia. Mis condolencias a sus familiares.”
Los acontecimientos generaron indignación entre algunos pobladores que exigieron justicia y mayor seguridad para San Mateo Piñas e incluso organizaciones civiles condenaron el acto y expresaron sus condolencias a la familia de la funcionaria.
Sin embargo, Lilia Gema García Soto también era señalada por algunos pobladores por supuestamente “desvalijar bienes del municipio y vender sin consultar al pueblo”, en 2021 denunció que los 50 millones de pesos (mdp) destinados por la federación para la rehabilitación por el huracán Agatha están perdidos y señaló que 25 mdp los desapareció el ex edil municipal.
Electa en 2022, Lilia Gema García Soto era reconocida por su vocación de servicio, cercanía con la ciudadanía y trabajo comunitario, habitantes lamentaron su pérdida y la describieron como una líder honesta, trabajadora y comprometida con el desarrollo local. “La presidenta Gema era una mujer trabajadora, muy querida por la comunidad. Esto no puede quedar impune”, señaló una lideresa comunitaria.
Este crimen se suma a una creciente lista de ataques y asesinatos contra autoridades municipales en Oaxaca, donde la violencia política ha recrudecido sin una estrategia clara de contención. La ejecución de la alcaldesa en su oficina oficial envía un mensaje alarmante sobre la capacidad real del Estado para proteger a sus gobernantes y ciudadanos. “No es posible que ni en el palacio municipal estén a salvo quienes nos representan. ¿Quién va a querer gobernar así?”, expresó un habitante visiblemente molesto.
Organizaciones civiles y vecinos de San Mateo Piñas han exigido una investigación rápida, transparente y castigo ejemplar para los autores materiales e intelectuales del crimen. También piden garantías para los demás funcionarios municipales, quienes hoy temen por su seguridad. “Gobernar no debe ser una sentencia de muerte. La gente votó por ella y el estado tiene la obligación de proteger a sus representantes”, advirtió una organización indígena regional.
Fuente: Tribuna
