Guanajuato, Guanajuato.- Unos hombres armados ingresaron al domicilio de la madre de la jueza Reyna Rodríguez de Guanajuato, el pasado lunes 16 de junio, lo que generó consternación entre el gremio judicial y la ciudadanía, este ataque ocurre en medio de una fuerte controversia respecto a la reforma judicial impulsada por el gobierno federal y criticada abiertamente por un sector del Poder Judicial.
La jueza se ha manifestado desde sus redes sociales en torno a los riesgos y deficiencias que, desde su perspectiva, implica la modificación de la estructura y funcionamiento de los tribunales; el incidente fue condenado de inmediato por la Asociación Mexicana de Juzgadoras, quien expresó su preocupación y rechazo absoluto a las amenazas.
“Condenamos estos actos de intimidación y violencia dirigidos contra quienes desempeñan la labor de impartir justicia”, señaló la agrupación, que reúne a juezas y magistradas de todo el país.
Miembros de organizaciones civiles, así como representantes de colectivos de jueces en Guanajuato, han señalado que el acto podría estar vinculado a las recientes declaraciones de la jueza sobre la reforma. El temor de que el atentado constituya una represalia directa se ha viralizado entre colegas y defensores de los derechos humanos.
La Asociación Mexicana de Juzgadoras subrayó el riesgo que enfrentan actualmente quienes ejercen labores judiciales, especialmente en estados como Guanajuato, donde los niveles de violencia y crimen organizado se mantienen elevados, el organismo hace un llamado a las autoridades federales y estatales a garantizar la seguridad de los juzgadores, así como a investigar de manera exhaustiva lo ocurrido.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades locales no han dado a conocer detalles sobre las personas detenidas o líneas de investigación concretas, ni informado sobre agresiones físicas a la madre de la jueza o daños significativos a la vivienda; mientras prevalece el clima de zozobra en la comunidad judicial.
De acuerdo a información de Infobae, el estado de Guanajuato se ha mantenido en los primeros lugares nacionales por delitos de alto impacto y violencia armada, en la primera quincena de junio de 2025 se reportaron 31 homicidios dolosos sólo en León, la capital del estado, cifra considerada preocupante pese a la ligera baja respecto al año previo.
El contexto de violencia e impunidad complica aún más el ambiente para quienes ejercen funciones públicas relacionadas con la procuración y administración de justicia, el caso de la jueza amenaza con convertirse en un símbolo de los desafíos y riesgos que enfrenta el Poder Judicial estatal y nacional, no sólo ante el crimen organizado, sino también ante eventuales represalias políticas fruto de posiciones públicas en torno a reformas estructurales.
Diversos sectores han cerrado filas en torno a la jueza y su familia, demandando protección institucional para ella y sus colegas. Organizaciones civiles destacan la necesidad de blindar la independencia judicial y de garantizar el libre ejercicio del cargo, sin amenazas ni intimidaciones. Se suman llamados a que la Fiscalía General del Estado actúe con rapidez y transparencia en la investigación, para evitar que el caso quede en la impunidad.
Fuente: Tribuna
