Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene entre ceja y ceja al Instituto Nacional Electoral (INE), uno de sus rivales preferidos y argumento más utilizado para polemizar y buscar rivales. Mediante el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), su partido, el presidente pretende que se aprueba una agresiva Reforma Electoral que reste poder e influencia al instituto, por lo menos así lo ven los expertos.
A menos de 2 años de culminar su mandato constitucional, López Obrador emprende la búsqueda de un cambio sustancial para la democracia mexicana, incipiente y nueva, pues hay que recordar que hasta 1994, las elecciones las organizaba y arbitraba el propio gobierno vía la Secretaría de Gobernación (Segob).
De entrada, el presidente pretende acabar con el INE y sustituirlo por un nuevo órgano, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, además de reducir el número de consejeros (pasar de 11 a 7, previa salida de los actuales). La idea de la presidencia es que tanto los nuevos consejeros como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), uno de los puntos más riesgosos, de acuerdo con los analistas, pues se presta fácilmente a la injerencia de los partidos políticos.
Esto obedece, de acuerdo al texto de la iniciativa a que dichos órganos "fueron integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad en favor de la democracia". El propio presidente ha expresado que la propuesta se hico para "garantizar elecciones limpias y libres", algo de lo que, a su entender, el país carece pese a que él mismo ganó la presidencia bajo el criticado esquema electoral.
Además, la reforma plantea la eliminación de los organismos electorales locales, así como la reducción de la representación proporcional en el Congreso, es decir de los plurinominales: la idea acaba con los legisladores de mayoría relativa y los sustituye solamente con los de representación proporcional que saldrían de listas estatales hechas por los partidos. Con el cambio, el gobierno federal asegura que habría un ahorro de 24 mil millones de pesos anualmente.
- Preocupaciones
La consultora Integralia, la cual lidera Luis Carlos Ugalde, quien fuera presidente del INE, expuso en un análisis que la reforma tiene varios riesgos muy relevantes pues “socava la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales, modifica brutalmente el sistema de representación al grado de distorsionarlo y pone en riesgo la sobrevivencia de los partidos políticos al quitarles recursos en años no electorales”.
Las alarmas han saltado incluso a arenas internacionales después de que el Consejo de Europa (a través de la Comisión de Venecia) mostró su preocupación por el interés oficial de realizar la reforma.
"Modificar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de las diferentes partes después de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática hace correr de forma inevitable el riesgo de que esa confianza se tambalee", dijo a través de un comunicado, donde puntualizó que "no aportan suficientes garantías sobre la independencia y la imparcialidad".
Esto último ha sido el rasgo que más escozor ha causado en la oposición, que considera un riesgo mayúsculo que el INE pierda la autonomía que tanto costó brindarle. Por su parte, el Instituto Belisario Domínguez alertó a través de un estudio que los cambios anunciados significarían un costo hundido de 8 mil millones de pesos, sobre todo para realizar las votaciones de magistrados y consejeros, al tiempo de abonar al menoscabo de la democracia por la permanencia de mecanismos que favorecen al control unipartidista del poder.
- Inmiscuidos
Ante las serias acusaciones locales e internacionales, quien salió a la defensa del proyecto constitucional fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que encabeza Rosario Ibarra, una incondicional del presidente. Primero fue Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, el que cargó los dados asegurando que el gobierno pretende “capturar políticamente” al Instituto como "ya lo hizo con la Comisión2, lo que molestó a una Ibarra que publicó un desplegado pidiendo a los legisladores acabar con los "privilegios" de los consejeros.
Pero no es la única organización que se posicionó sobre la reforma; el Episcopado Mexicano, cabeza del catolicismo, expuso su preocupación por un intento de reforma innecesaria, a su entender, y que "la sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan". Al tiempo, más de setenta investigadores e intelectuales del país firmaron una carta en contra de la reforma, sumándose a las voces que exigen que la propuesta presidencial sólo heriría de muerte a la democracia mexicana.
Fuente: Tribuna