Hermosillo, Sonora.- La implementación del nuevo Plan Hídrico impulsado por los gobiernos federal y estatal ha generado notables fricciones sociales en la región del Río Sonora, situaciones que recientemente escalaron hasta convertirse en un conflicto personal y público entre autoridades municipales y representantes de la sociedad civil en el municipio de Ures. El centro del debate es la construcción proyectada de tres nuevas presas, una de las cuales se ubicaría específicamente en el ejido Puerta del Sol, de Ures.
Este proyecto de infraestructura ha dividido opiniones: por un lado, cuenta con el respaldo abierto del actual presidente municipal, Gastón Rodríguez Galindo; por el otro, enfrenta la resistencia de organizaciones como el 'Movimiento No a las Presas en el Río Sonora', donde participa activamente Rafael Bracamonte. La tensión política se trasladó recientemente a las redes sociales, cuando el alcalde Rodríguez Galindo realizó una publicación en su cuenta personal de Facebook dirigida directamente al activista.
En su mensaje, el munícipe manifestó su molestia por lo que considera ofensas realizadas por Bracamonte hacia terceros, mencionando específicamente a un conocido periodista local, así como hacia familiares del propio alcalde. En dicho comunicado público, el edil, quien llegó al cargo para el periodo 2024-2027 abanderado por la coalición PAN, PRI y PRD, instó al activista a sostener un encuentro presencial.
Rodríguez Galindo utilizó expresiones coloquiales para sugerir que, de no ser posible un entendimiento mediante el diálogo civilizado, las diferencias podrían resolverse por la vía de la confrontación física, asegurando que aunque suele ser tolerante, la situación había excedido sus límites. "Si no podemos ponernos de acuerdo como gente civilizada, lo arreglamos como antes a chingadazos, ya basta, amigo", se lee.
Frente a estas declaraciones, Rafael Bracamonte emitió una respuesta formal en nombre del movimiento que representa. En el documento, el activista calificó como preocupante que un funcionario público, quien ostenta la autoridad máxima sobre los elementos de Seguridad Pública Municipal, recurra a este tipo de lenguaje ante el disenso ciudadano. Bracamonte enfatizó que su oposición se limita a la política de infraestructura hídrica y exigió que el debate se mantenga en los márgenes de la responsabilidad y la civilidad.
Asimismo, responsabilizó públicamente al presidente municipal de cualquier eventualidad que pudiera afectar su integridad física, la de su familia o la de sus compañeros de activismo, adelantando que tomarán medidas formales ante lo que consideran actos de intimidación. Ures es un municipio de aproximadamente 8 mil 500 habitantes, donde las decisiones sobre el manejo del agua continúan generando un intenso debate entre la necesidad de desarrollo hídrico y el impacto ambiental y social de dichas obras.
Fuente: Tribuna del Yaqui
