Ciudad de México.- Luis Miguel sorprendió a todos con una gira mundial, la cual inició en Sudamérica y ahora se encuentra en México; sin embargo 'El Sol' ha tenido algunos problemas de logística en la gira, razón por la cual se tuvo que cancelar el concierto en León, Guanajuato, esta decisión podría traer graves consecuencias para el cantante, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) decidió demandarlo.
En ese sentido, esta mañana trascendió que la Profeco presentó una demanda colectiva en contra de la empresa organizadora del concierto de Luis Miguel. De acuerdo con la información que compartió Profeco, la demanda fue interpuesta por 60 personas que resultaron afectadas con l cancelación del evento. Los afectados piden el reembolso del pago total de los boletos adquiridos, considerando cargos de servicio, impuestos y un 20 por ciento adicional de bonificación.
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El inesperado regreso de Luis Miguel se opacó por la cancelación del concierto que tenía programado el pasado 05 de diciembre en el Estado Domingo Santana de León, Guanajuato. Por esta razón fue demandado por el organismo federal. De acuerdo con las autoridades del municipio guanajuatense, los fanáticos del 'Sol' en la localidad se quedaron sin la opción de disfrutar del espectáculo debido a irregularidades en trámites y negociación de permisos municipales.
Asimismo, se revelaron los motivos por los cuales el concierto de Luis Miguel se tuvo que cancelar, entre los que destaca la presunta venta ilegal de boletos, así como la falta de la entrega total del boletaje para el aforo permitido, el cual asciende a 11 mil 352 asistentes. La gota que derramó el vaso y provocó la suspensión de la presentación fue la ausencia de una fianza correspondiente a la Tesorería Municipal.
Por otro lado, se informó que la relación entre la empresa encargada de organizar el concierto y las autoridades municipales se vio afectada por la falta de presentación de la copia del contrato del artista o del contrato de vigilancia policial. Además, tampoco se entregó la acreditación de la personalidad de sus representantes y la ausencia de permisos de la empresa de seguridad privada .
Fuente: Tribuna