Ciudad de México.- Después de 21 años, el Gobierno de México ofreció este miércoles una disculpa pública por el feminicidio y las omisiones en la investigación de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, abogada y defensora de los derechos humanos. Además, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en el caso, por la violación de derechos humanos que se cometieron durante la investigación de la muerte de la abogada y las fallas en los protocolos.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en representación del gobierno federal, se reconoció que el Estado mexicano no garantizó la seguridad personal, la integridad de la defensora ni el acceso a la verdad y la justicia para la familia de Digna Ochoa. Señaló que el Estado no pudo garantizar la seguridad e integridad de la defensora de derechos humanos. El funcionario reiteró que la investigación del caso será reabierta, por lo que la Fiscalía capitalina ha creado ya la unidad del caso Digna Ochoa, asumiendo así su compromiso con la verdad y la justicia.
“Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad e integridad personal y tampoco, el Estado mexicano no garantizó su acceso pleno a la justicia… Su lucha y su memoria no puede ser discriminada ni estigmatizada”, dijo.
Por su parte, la fiscal Generalde la Ciudad de México, Ernestina Godoy, señaló que por la reapertura de la investigación del caso se creó una unidad. Incluso, cambiarán el nombre de la calle General Gabriel Hernández, entre la calle Dr. Lavista y Avenida Dr. Río de la Loza, a partir de este miércoles y se llamará calle Digna Ochoa y Plácido. De acuerdo con la CNDH, Ochoa recibió casos de funcionarios públicos, entre ellos miembros de la Procuraduría General y de las fuerzas armadas, involucrados en graves violaciones de derechos humanos.
¿Quién fue Digna Ochoa?
Digna Ochoa y Plácido fue encontrada muerta en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31, colonia Roma, el 19 de octubre de 2001 por la tarde. Fue una abogada defensora de derechos humanos y galardonada con diversos premios internacionales en reconocimiento por su trabajo. De acuerdo con la CNDH, Ochoa recibió casos de funcionarios públicos, entre ellos miembros de la Procuraduría General y de las fuerzas armadas, involucrados en graves violaciones de derechos humanos. A pesar de las pruebas y las amenazas que recibió la activista, el crimen se catalogó como un suicidio, según la investigación de la entonces Procuraduría capitalina.
La investigación judicial determinó que se trató de un suicidio, pero la acusación asegura que hubo serias irregularidades en el proceso y que en realidad los hechos corresponden a un homicidio. Incluso, Jesús Ochoa, hermano de la activista, fue víctima de humillaciones de las autoridades y sociedad civil durante la investigación.
Fuente: Tribuna