Ciudad de México.- En medio del debate sobre si los militares deben continuar en las calles y en las labores de seguridad pública, el hackeo masivo del colectivo Guacamaya sigue cimbrando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la mismísima figura del presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Pese a mantenerse prohibido, la Sedena decidió vulnerar el derecho a la privacidad de los mexicanos y contrató a la empresa de espionaje Antsva, famosa por proveer el software Pegasus, el cual vulnera teléfonos celulares y permite al usuario conocer todo registro de llamadas, mensajes, correos electrónicos, historial de navegación y contactos, además de tener acceso a la activación de la cámara, micrófono y archivos del aparato.
Encima, el contrato con Antsva fue escondido por la dependencia, ya que no aparece en registros de transparencia ni en la información pública, además de que negó en su momento tener una relación con el proveedor. Citizen Lab, laboratorio de expertos en materia de espionaje que depende de la Universidad de Toronto, dio a conocer a través de John Scott que sus últimos análisis “nos llevan a estar convencidos de que Pegasus sigue siendo operacional en México”.
El laboratorio, que especificó tres casos de espionaje (al analista Ricardo Raphael, a un periodista de Animal Político y a un activista de Tamaulipas), añadió a su declaración que éstos son sólo “la punta del iceberg” de un gobierno que está espiando a los ciudadanos, pese a que el presidente López Obrador (en su época de candidato) criticó con dureza que Enrique Peña Nieto echara mano de Pegasus, rechazando, ya en la silla, que su administración mantuviera el servicio.
“Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras (…) en nuestro caso decidimos no espiar a nadie, había esta práctica de espiar opositores, y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje”, aseguró López Obrador en noviembre de 2019, ocho meses después de que la Sedena contratara a Antsva.
“Entonces o el presidente mintió o Sedena no le informó”, coincidieron varios analistas y miembros de la sociedad civil.
- Excesos
No sólo en espionaje el Ejército ha excedido sus funciones, sino también en cuestión de su toma de decisiones y su subordinación frente a Palacio Nacional, al menos para tareas mundanas.
Documentos en manos de medios internacionales explican que durante muchos años decenas de mujeres (civiles y militares) han sido violadas o golpeadas por parte de soldados, y cómo la secretaría ha optado por obviar los hechos, minimizándolos o castigando a aquellas que se atreven a denunciar los ultrajes.
Además, se reconoce cómo la milicia ha infiltrado movimientos sociales, organizaciones civiles y a colectivos a lo largo y ancho del país, como ya se detalló con la Normal de Ayotzinapa.
En otros asuntos, El País dio a conocer que son elementos castrenses los que se encargan en exclusiva de atender la salud del presidente y de su familia, al tiempo de ser responsables de cambiar las plantas en Palacio Nacional o bordar las toallas personales del secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval, quien pidió se cociera en éstas sus iniciales junto a las de su esposa, como también que se le compraran boletos para conciertos de Gloria Trevi.
- Delicado momento
Todo esto, más lo que se acumule, suma a la zozobra generalizada por el poder que acumulan las Fuerzas Armadas, que en México igual te espían que te construyen un aeropuerto después de distribuir medicinas o sustituir policías locales.
De hecho, tras los escándalos, el Senado apuró sus tiempos y hoy votará un nuevo dictamen de reforma sobre la permanencia de éstas en labores de seguridad pública, el cual es impulsado por Ricardo Monreal, el morenista que aspira a ganarse el cariño de un López Obrador que lo marginó de la carrera presidencial.
La discusión se realizará en medio del escándalo por las actividades de la Sedena y sin la certeza de que en esta ocasión la propuesta será respaldada por la mayoría calificada (dos terceras partes), pese a que senadores priístas y perredistas parece que terminarán acompañándola.
“Hay mucha irresponsabilidad, pues cada día vemos un escándalo nuevo sobre la participación de los militares en las actividades ilícitas y los senadores de Morena sólo ven cómo darles más facultades en seguridad pública sin controles reales y sin plan de retiro”, explicó Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Las revelaciones de Guacamaya no han hecho más que brindar más argumentos a la oposición para evitar la militarización del país.
Fuente: Tribuna