Toluca, Estado de México.- Esta mañana la diputada de Morena en el Congreso del Estado de México, Luz María Hernández Bermúdez , presentó ante el pleno una iniciativa de ley para reformar el artículo 227 bis del Código Penal de la entidad con el fin de aumentar la pena en contra de quienes difundan material fotográfico o vídeo de cadáveres sujetos a investigación, especialmente si quién realiza esta acción es una persona servidora pública.
Cabe señalar que este articulo aborda “delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Cabe señalar que la reforma se elaboró con el apoyo del despacho de abogados Lex Pro Humanistas, el cual lleva la defensa del caso de Octavio Ocaña y que fue aprobada por la familia del fallecido actor Este delito se incluyó en la ley hace unos años, con penas de tres a 9 años de prisión a quienes filtren este tipo de imágenes, se considera una agravante si el responsable es un empleado.
Con todo esto se busca castigar con mayor rigor a quien exhiba imágenes de personas asesinadas y así evitar que se transgreda el derecho a la privacidad y se altere alguna investigación en curso. En ese marco la diputada de Morena señaló que la pena para las personas que pertenecen al servicio público sea de 10 años, pues considero que se trata de quienes son responsables de cuidar el debido proceso y los derechos de las víctimas directas e indirectas Además, la difusión de material gráfico o vídeos tendría una sanción de 500 a mil veces la Unidad de Medida de Actualización y no de 50 a 100 veces como ocurre actualmente.
La legisladora se refirió al feminicidio de Ingrid Escamilla, el cual, señaló, expuso la realidad de la violencia que se vive en el país y donde elementos de Seguridad y la Fiscalía filtraron a la prensa fotografías de la escena del crimen, en las cuales se expuso de manera explícita el cuerpo de la víctima. En ese marco, mencionó la existencia de una vinculación a proceso en contra de la paramédico que intentó auxiliar al actor, pero que en ese instante lo fotografió y compartió las instantáneas.
Finalmente, la legisladora propuso una sanción general de 500 a mil UMAS y de 10 años de prisión a quien difunda o permita la difusión y salida de imágenes contenidas en alguna investigación, esto si se trata de un servidor público. Esta iniciativa se envió a las comisiones para su análisis, en ese sentido, la integración del dictamen tardará unas semanas para después ser votada en el pleno y en caso de que se apruebe, sea publicada en la Gaceta de Gobierno para su entrada en vigor.
Fuente: Tribuna