Ciudad de México.- Los casos de desapariciones en el país se han multiplicado, sobre todo en los últimos años, es por eso que las autoridades diseñaron e implementaron estrategias para buscar y encontrar a personas extraviadas o cuya desaparición fue forzada. Sin embargo, estas acciones en ocasiones no son eficientes e incluso, significan daños al erario. En ese marco,La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México pagó 624 mil pesos por cuatro servicios para investigar el paradero de personas desaparecidas que no se realizaron.
Se debe señalar que la comisión hace un seguimiento puntual a los casos de desaparición y desaparición forzada que se registran en la Ciudad de México. A partir de 2020 se comenzaron a diseñar planes de búsqueda estratégica pues no todos los métodos se aplican ni funcionan de la misma manera en los casos de desaparición. Es por ello que en 2021 la comisión pagó 624 mil 300 pesos a cuatro individuos para crear mecanismos que apoyen las labores de búsqueda e identificación de personas.
Sin embargo, eso no es todo, también se contrataron servicios de consultoría, para revisiones y supervisiones de expedientes de individuos desaparecidos- Además, para elaborar estrategias en espacios abiertos y para acompañar a familiares durante visitas a institutos forenses o servicios médico forenses. De acuerdo con el Segundo Informe Parcial de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), la Comisión no comprobó que esos trabajos se realizaron.
Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Ciudad de México solicitó los informes de las actividades realizadas que demostraran los servicios que se prestaron, pero la Comisión no acreditó la prestación de los servicios. En ese sentido, se identificó a las personas, se trata de Linda Guadalupe Reyes Muñoz, para el “servicio de consultoría para la elaboración de estrategias en espacios abiertos, y acompañamiento a familiares durante visitas a institutos forenses o servicios médico forenses, análisis de carpetas de investigación y/o averiguaciones previas”.
También se identificó a Laura Alicia Puga López, quien tiene dos contratos para revisión y supervisión de los expedientes de personas desaparecidas y Lorena Jacaranda Hernández Castelán. La Auditoría Superior advirtió a la Comisión de Búsqueda sobre la falta de documentación para comprobar que los servicios contratados fueron realizados. Por ello el organismo capitalinos le respondió un mes después que la información no estaba en los archivos de la institución.
Fuente: Tribuna