Ciudad de México.- Para poder llevar su proceso penal en libertad, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo puesta por César Duarte Jaquez, exgobernador de Chihuahua, el pasado miércoles 15. Será hasta el 26 de julio cuando en audiencia el juez resuelva si le concede al político la protección de la justicia; actualmente se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social Aquiles Serdán.
Con dicho amparo, el exmandatario impugnó la resolución de Humberto Chávez Allende, juez de control del Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, quien el 5 de junio le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en la causa penal 3041/2019. Después de permanecer tras las rejas casi tres años en Estados Unidos, Duarte Jáquez fue extraditado a México el 2 de junio pasado, para ser procesado por los delitos agravados de asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) puso al exgobernador a disposición de las autoridades ministeriales de Chihuahua, conforme a sus facultades y atribuciones: "A dicha persona se le acusa de que presuntamente, en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos, extraídos entre los años 2011 y 2014", indicó. De acuerdo con el expediente, entre junio de 2011 a noviembre de 2014, el Estado transfirió la cantidad de 96 millones 684 mil 253 pesos a las compañías Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, en las que el entonces mandatario estatal era accionista mayoritario.
César Duarte fue gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al terminar su mandato, se fue a vivir al vecino país del norte, donde fue detenido en 2020, en Miami, Florida, por una orden de captura con fines de extradición girada un año antes. La Fiscalía Estadounidense que estudió el caso en dicha ciudad, atendió una serie de testigos reservados que trabajaban en el Gobierno de Chihuahua, quienes aseguraron que Duarte les ordenó desviar fondos públicos para fines personales, como pagar sus impuestos y tarjetas de crédito.
Fuente: Tribuna