Cajeme, Sonora.- El descubrimiento de la que sería una de las mayores reservas del litio en el mundo en Bacadéhuachi, se recibió con júbilo por propios y extraños; particularmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto se le catalogó como la panacea para la economía del noreste mexicano, particularmente la de Sonora.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador la idea no cambió, pero sí el modelo de gestión, pues el presidente optó por apretar a las empresas con concesiones y dibujar un camino hacia la nacionalización, un concepto que asusta a los capitales, pero alienta a los nacionalistas, aun cuando esto signifique poco, pues se sabe que todo recurso mineral pertenece al Estado.
De hecho, tras el anuncio de que el litio sería “nacionalizado” y se crearía una empresa estatizada para explotarlo y administrarlo, los problemas comenzaron a llegar, y ante la inflexibilidad, legalmente se avecinan conflictos legales.
- Demandas
La prestigiada firma de abogados Holland&Knight, especializada en materia económica y minera, anticipó “una avalancha de juicios de amparo, ya que hay muchas empresas de la industria minera que, como parte de su plan de negocios, buscan explotar el litio, debido a que es considerado el combustible del futuro”, a través de un comunicado.
De hecho, la decisión de ir en contra de las inversiones privadas en el tema del litio produjo que senadores estadounidenses exigieran a la Casa Blanca medidas por lo que consideraron una “agresión” de México a las inversiones internacionales.
Algo de esto ya había sido avisado por Kenneth Smith Ramos, experto en las relaciones económicas entre Estados Unidos y México, quien aseguró que el litio “no puede reservarse como mineral estratégico en exclusiva para el Estado si este sector en concreto no estuviera ya plasmado en el TMEC como reserva específica. Y no lo está”.
- Tecnología, la clave
Tras socializar su plan para el litio, el gobierno federal se topó con las primeras serias dudas: ¿de dónde obtendrá la experiencia en extracción y manejo del litio? Y ¿con qué tecnología realizará exploraciones y, en su caso, extracciones?
Cuestionado al respecto, López Obrador aseguró que “vamos a ir desarrollando la tecnología, o se adquiere, pero el litio es nuestro”, algo en que los expertos no concuerdan, pues consideran que no hay experiencia en ramo minero, mucho menos en uno con el grado de especialidad que requiere este mineral.
Para Armando Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, México podría tardar hasta veinte años en explotar los yacimientos, lo que le colocaría a la cola de los países productores, que para ese entonces tendrían una ventaja competitiva y comercial incalculable.
La empresa del Estado podría rendir frutos en hasta veinte años; empezar de cero es muy complicado”, explicó.
Por su parte, Gonzalo Monroy, experto en temas de energía y minerales consideró también que el proceso puede lento: “los procesos de exploración pueden tardar más de diez años, lo que implica inversiones muy elevadas, pues un solo proyecto costar 11 mil millones dólares”, expuso al recordar que los yacimientos del país y en particular el de Bacadéhuachi, son de tipo arcilloso, lo que complica aún más el tema.
Para Octavio Aguilar, consultor y exgerente de Petróleos Mexicanos, de entrada no hay suficiente información sobre la cantidad de mineral disponible, “al tiempo de que no contamos con tecnología para explotarlo”.
Para muchos expertos, la posición del gobierno federal recuerda a las décadas de los cincuenta y sesentas, donde se creó un organismo para la extracción y comercialización del uranio, acabando en un fracaso monumental, pues cuando estuvo listo, ya no existía el mercado internacional.
- Los riesgos
Lo expuesto no son los únicos dolores de cabeza del gobierno en cuanto a la explotación del mineral, también están los señalamientos sobre los daños que los cambios a la Ley Minera traerán al medio ambiente.
De acuerdo con Leticia Merino Pérex, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, el gobierno está obligado a “realizar evaluaciones de impacto ambiental y en las comunidades”, esto ante los antecedentes de este sexenio, en donde en casos como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas se han obviado los análisis.
Para Alfonso Reyes, experto en impacto ambiental de la Universidad Iberoamericana, en el caso mexicano el riesgo principal radica en el uso del agua, más en un estado que ya conoce, con el caso del Río Sonora y Grupo México, lo que es que una minera contamine un cauce natural y ponga en riesgo a cientos de miles de personas en completa impunidad.
Por ejemplo, en Chile o Bolivia, se necesitan alrededor de 600 litros de agua por minuto para los procesos industriales del litio, algo que habla de cantidades que en un desierto como el de Sonora parece inverosímiles”, argumentó.
De hecho, la también experta de la UNAM Azamar Alonso considera a Sonora como un foco rojo en asuntos medioambientales, detonados por el caso del litio: “es probable que ya se estén utilizando grandes cantidades de agua, pero también grande cantidades de madera: la población cercana al proyecto dice que sí hay afectaciones, sobretodo en las cantidades de agua que reciben”, aseguró.
Lo cierto es que mientras el gobierno mexicano insiste en que nadie más que él será quien explote los yacimientos de litio, la empresa china Ganfeng, concesionaria del litio, mantiene sus planes de comenzar a producir el próximo año, todo mientras el resto de recovecos del proyecto nacional se enredan, a tal grado que el presidente López Obrador ha bajado la intensidad del discurso y asegurado que “si todo está en regla”, respetará los contratos con particulares.
Fuente: Tribuna