Pachuca, Hidalgo.- De acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se detalló que de enero a agosto de este año se iniciaron 323 carpetas de investigación en materia de delitos cometidos por servidores públicos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), tan sólo los últimos ocho meses de la administración anterior.
Lo anterior, representó un incremento en el número de carpetas iniciadas, en comparación con las cifras del mismo periodo, pero de 2021, cuando se iniciaron sólo 267 carpetas. Este año se sumaron 56 carpetas, tan sólo en enero se registraron en la Procuraduría del estado 42 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos; en febrero sumaron 40; en marzo 43; en abril 47; en mayo 39; en junio 33; en julio 43 y en agosto 36 carpetas.
Al respecto, el Gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar detalló que se detectó una red de corrupción en seis municipios en donde se registró el desvío de recursos por más de 200 millones de pesos, aunque esta sería “solo la punta del iceberg”, dijo el mandatario, pues los presidentes municipales también habrían participado con moches y aparentes gastos para Covid-19, caminos y plantas de tratamiento de agua que no funcionan, aunque no reveló los nombres de los implicados, aunque dos son de la región de la Huasteca.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Hidalgo se establece que se impondrá una pena de seis meses a cinco años de prisión, así como una multa de de 20 a 150 días al servidor público que en pleno desempeño de sus funciones, cargo o comisión, otorgue indebidamente por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permiso, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos.
Los anterior, ya sea en beneficio del propio servidor público, su cónyuge, ascendientes o descendientes, parientes por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o socios o sociedades de la que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. O valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones y no sea del conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto indebido que le produzca algún beneficio económico al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la fracción anterior.
Fuente: Tribuna