Ciudad de México.- Han pasado más de dos años del brutal feminicidio de Ingrid Escamilla, el cual se registró el 9 de febrero de 2020, pues presuntamente su pareja sentimental la asesinó y después destazó su cuerpo. La audiencia en la que se decidirá la sentencia en contra del acusado se realizará este 5 de septiembre y la familia de Ingrid busca que se le dicte la máxima pena posible, este ejercicio se efectuará en las instalaciones del Reclusorio Oriente.
De acuerdo con la información proporcionada se desahogarán más pruebas en contra del sujeto de 46 años, Durante estos dos años y medio la familia de la víctima ha realizado distintas convocatorias para pedir justicia y solicitar la sentencia máxima para quien asesinó a la mujer después de una discusión y quien le confesara a las autoridades haber destazado el cuerpo de Ingrid Escamilla por “miedo y vergüenza”, todo esto frente a los ojos de su hijo autista.
Para este caso se han realizado 25 jornadas procesales, en ese sentido, Javier Gallardo, uno de los representantes legales de la familia de Ingrid, aseguró que durante el juicio se han presentado más de 40 pruebas, entre peritajes y testimonios, en contra del imputado por lo que se espera que en esta próxima audiencia se dicte un fallo en contra del implicado y espera que sea la pena máxima que tanto exige la familia de la víctima.
Este caso causó conmoción, molestia y asombro de los mexicanos, pues lo sangriento del crimen fue algo característico del mismo, razón que originó una serie de marchas no solo de colectivos feministas, sino que de la población en general, en las cuales se exigía justicia para Ingrid Escamilla y la aplicación de la pena mayor en contra de su feminicida. Ahora, este lunes el Tribunal de Enjuiciamiento de este caso escuchará los últimos alegatos y se emitirá un fallo.
El feminicidio de Ingrid no solo se viralizó por su naturaleza, sino porque elementos de policía difundieron las imágenes de su cuerpo, lo que causó la molestia de la población, pero que también desembocó en la instauración de la llamada “Ley Ingrid”, la cual trata de una reforma al Código Penal Federal para sancionar a servidores públicos que difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal, condiciones personales de una víctima o las circunstancias de un delito. En esta ley se establecieron penas de cuatro a 10 años de prisión para quien la infrinja.
Fuente: Tribuna