Ciudad de México. - En un gesto de solidaridad y colaboración, el Poder Judicial de la Federación ha aceptado la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de destinar el dinero de sus fideicomisos para ayudar a las personas damnificadas por el reciente huracán Otis en el estado de Guerrero.
La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, confirmó esta decisión en respuesta a la propuesta hecha por el presidente durante su conferencia matutina de este 31 de octubre. El mandatario López Obrador propuso que se utilicen los 15 mil millones de pesos provenientes de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a las personas afectadas por el huracán en Acapulco y que los ministros del Poder Judicial formen parte del comité encargado de supervisar la correcta aplicación de estos fondos.
El mandatario destacó que esta medida no afectaría el presupuesto del Poder Judicial ni a sus trabajadores, al tiempo que señaló que sería una forma de actuar en conjunto como Estado para ayudar a la población damnificada.
Asimismo, el presidente López Obrador propuso reducir el presupuesto de los funcionarios de alto rango en el Poder Judicial, quienes perciben salarios superiores al del Presidente de la República, con el fin de destinar estos recursos a becas estudiantiles y a apoyar a quienes más lo necesitan.
La extinción de 13 de los fideicomisos del Poder Judicial fue oficializada mediante un decreto publicado por el presidente López Obrador el pasado viernes 27 de octubre. Según el decreto, los órganos responsables de los fideicomisos cuentan con un plazo de 20 días hábiles para llevar a cabo los trámites correspondientes para la extinción de estos fondos. De esta manera, el Poder Judicial todavía dispone de los recursos mencionados por el presidente.
Norma Piña expresó su disposición a dialogar y definir los términos necesarios para concretar la propuesta en cuestión y colaborar en la recuperación de las personas más afectadas por el huracán Otis. Esta medida representa un importante esfuerzo conjunto entre los poderes del Estado en beneficio de la población damnificada.
Fuente: Tribuna