Ciudad de México.- Desde su llegada a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado por analistas, partidos opositores y asociaciones de la sociedad civil de atentar contra la autonomía de diferentes organismos del país; en su carrera por controlar el poder, el primer mandatario incluso se encuentra en proceso de tener el control, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), de los datos biométricos de los mexicanos y mexicanas; sexos, nombres, fecha de nacimiento y demás información personal.
Hasta el momento, una de las interferencias más polémicas por parte del presidente hacia organismos independientes ha sido el denominado ‘Plan B’ de reforma electoral, con el que se hace una serie de cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), haciéndole perder recursos y herramientas indispensables para cumplir con sus objetivos.
- Modificaciones el INE
Al afirmar que el órgano electoral ha “cometido fraudes electorales” y “no ha sido imparcial”, el presidente impulsó dicho proyecto, que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y que ha desatado una serie de marchas a nivel nacional, tanto por parte de simpatizantes de AMLO, quienes apoyan los cambios, como por aquellos que están en contra de la reforma, los cuales advierten que se vulnera al instituto y a su autonomía.
Fue el 22 de febrero cuando el Senado de la República dio ‘luz verde’ al proyecto electoral, estando la Cámara Alta del Congreso de la Unión conformada, en su mayoría, por legisladores de Morena.
A grandes rasgos, la reforma incluye la reducción del presupuesto para el instituto, así como el recorte de su número de trabajadores y el cierre de gran parte de sus oficinas locales.
Mientras que el primer mandatario justifica que el objetivo es el ahorro de gastos innecesarios al interior del INE, según el mismo órgano, el Plan B se traduce en una reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional equivalente a un 84,6 por ciento, con lo cual, señala, se afectará al padrón electoral, ya que son las juntas locales las encargadas de actualizarlo y de expedir las identificaciones necesarias para votar, además de hacerse cargo de la capacitación de funcionarios en las casillas electorales, durante las elecciones en el país.
- Atenta contra la transparencia
Pero el INE no es el único instituto en el que López Obrador ha ‘metido mano’, pues apenas el pasado 15 de marzo el mandatario interfirió en el nombramiento de 2 comisionados al interior del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), encargado de garantizar que cualquier autoridad e institución del ámbito federal comparta información de forma transparente, solicitada por cualquier ciudadano.
Este instituto se encuentra operando con 5 de los 7 integrantes que debe tener, mientras que uno de ellos saldrá de su cargo a finales del presente mes, dejándolo con solamente 4 miembros, con lo cual no podrá realizar sus funciones, según lo indica el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública.
Ante este panorama, el Senado de la República seleccionó a Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso durante el transcurso de este mes, para cubrir el vacío de los 2 miembros faltantes al interior del INAI, sin embargo, López Obrador optó por vetar dicho nombramiento haciendo uso de sus facultades constitucionales. Con esta acción, de nueva cuenta se pone en riesgo la operatividad del instituto, pues ahora 2 nuevos comisionados deberán de ser nombrados antes del 31 de marzo; de no ser así, el INAI no tendrá la facultad legal de seguir funcionando. “No se actuó bien”, fue el argumento del presidente al interferir en la selección.
- Sobre los datos biométricos
Una de las últimas ‘cartas’ del mandatario federal se encuentra en proceso de ser analizada por el Senado de la República. Se trata de la Ley General de Operación de los Registros Civiles, aprobada el pasado 15 de marzo por la Cámara de Diputados.
Esta reforma, que deberá ser votada también en el Senado, otorga al Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Gobernación, la facultad de controlar la información personal de los ciudadanos mexicanos, teniendo acceso a sus huellas dactilares, el iris, la retina, la forma de la cara o la voz, nombre, sexo, CURP, entre otros.
Al igual que en las situaciones ya señaladas, la iniciativa ha desatado polémica; asociaciones civiles y partidos opositores se encuentran preocupados por el hecho de que estos datos se concentren en un único organismo y defienden que “puede vulnerar el derecho a la intimidad”.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales, advierte: “la recolección de datos biométricos contradice la obligación legal y política del Estado de proteger los derechos humanos, ya que si una persona se niega a entregarlos o no logra acceder a la identificación digital, quedaría completamente excluida de la sociedad”.
Además expone que dicha base de datos podría utilizarse “tanto para monitorear y restringir la libertad de movimiento y asociación de las personas, como para perseguir a activistas, periodistas, representantes de la oposición, minorías, entre otros, especialmente en combinación con las herramientas de vigilancia existentes que tienen un historial de abuso (como Pegasus, actualmente)”. Este último programa ha sido mencionado a lo largo del sexenio de AMLO, cuando se ha acusado a militares de presuntamente vigilar a activistas, por medio de este sistema, interfiriendo en sus herramientas de comunicación personales.
- El presidente, su interferencia y críticas hacia el Poder Judicial
Andrés Manuel López Obrador también ha generado polémica por sus constantes críticas hacia los encargados de impartir justicia en el Poder Judicial de México. El caso más destacado ha sido la tensión con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, pues el tabasqueño asegura que desde su llegada al máximo tribunal, este ha emitido resoluciones a favor de presuntos criminales. En una de sus últimas interferencias al Poder Judicial, Andrés Manuel insistió en que se requiere una reforma al interior, para “acabar con la corrupción de los jueces.
"Donde sigue habiendo notoriamente más impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial, para liberar a personas que cometen delitos y que al final resultan inocentes”, dijo. Ante los constantes señalamientos, a Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) exhortó al mandatario a conducirse con respeto al Poder Judicial de la Federación. “Las autoridades públicas e integrantes de los Poderes de la Unión que hacen descalificaciones a jueces, magistrados y ministros, quebrantan el principio e independencia judicial", advirtió.
Fuente: Tribuna