Ciudad de México.- Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de decreto ante la Cámara Baja del Congreso, en el que propone reformar y modificar la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. El objetivo, de acuerdo con el gobierno es que el Estado recupere la rectoría sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y son del dominio directo de la Nación.
A priori la propuesta parece positiva, pero tanto los industriales mineros como expertos en economía han mostrado su preocupación por los daños que la nueva ley pueda provocar en uno de los sectores productivos más importantes del país.
Mientras el Ejecutivo asegura que la minería afecta los hábitats en donde está involucrada, sobre todo por la enorme cantidad de agua que extrae anualmente, los analistas ven en riesgo miles de plazas laborales y miles de millones en inversión privada.
- ¿Qué propone?
A grandes rasgos el proyecto de AMLO plantea una serie de cambios, entre los cuales destacan la modificación del esquema de otorgamiento de concesiones, que dejarían de cederse de forma directa a hacerlo a través de un concurso público; también establece que éstas serán por tipo de mineral o sustancia, por lo que habría mayor control por parte de las autoridades.
Al tiempo, disminuye de 50 a 15 años el periodo de concesión, el cual podrá prolongarse un solo periodo más; aunado a lo descrito, se establece que las concesiones solo serán por mineral o sustancia, lo que permitirá un mayor control y generación de recursos para el estado.
También propone la realización de un estudio de impacto social que deben presentar las personas ganadoras de un concurso de licitación, un programa que establece acciones de restauración en las áreas trabajadas y eliminar el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera, con lo cual las empresas tendrán que pactar contraprestaciones monetarias sujetas a consentimiento de las personas propietarias de los terrenos, ejidos y comunidades.
- La respaldan
El proyecto de decreto ha sido aplaudido por algunas organizaciones, las cuales aseguran que es un parteaguas en torno a las afectaciones que ha causado la actividad minera en los últimos 30 años. La ‘Colectiva Cambiémosla Ya’, que reúne a distintas organizaciones civiles y ha buscado impulsar un cambio en la Ley Minera desde hace 4 años, argumentó su respaldo:
Llamamos a los legisladores y legisladoras a dejar las diferencias políticas en este momento y sumarse para dictaminar y votar favorablemente esta iniciativa de ley, con el fin de poner un alto a los abusos que la actual legislación ha propiciado”, comunicó en su plataforma oficial.
Advierte que con ello se protegerá y garantizará los derechos humanos y el bienestar a familias y comunidades, razones por las que considera que se trata de una reforma fundamental para el rumbo del país.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), también se sumó a la iniciativa de AMLO, asegurando que con ello se garantizará justicia para las comunidades indígenas. “Uno de los problemas más graves que se viven en amplias regiones indígenas de México, es que se expidieron numerosas concesiones mineras en el pasado que generaron una abierta violación a los derechos humanos de los pueblos originarios, en particular, sobre su derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, así como el consentimiento y la consulta libre, previa e informada”, informó Adelfo Regino, titular de esta dependencia.
- Advierten afectaciones
En contraparte, la consultora ‘Moody’s’ advierte que la aprobación de este proyecto sería negativo para la industria y que incluso podría ser desalentadora para las inversiones del sector minero en México. En su argumento, la consultora señala que con estos cambios la entrega de concesiones mineras será aún más incierta en la nación mexicana.
Las condiciones propuestas pueden desalentar a las empresas mineras a invertir más en México y probablemente buscarán en otros lugares. Esperamos que los productores mineros, cuyas operaciones contribuyen sustancialmente a la economía de México, sean involucrados por el gobierno para discutir las propuestas", comunicó.
Por su parte, la Cámara Minera de México (Camimex), coincide con la postura de la consultora, pues afirma que el proyecto “notoriamente implica fuertes repercusiones para el desarrollo del sector minero y de otros sectores industriales relacionados con la producción de materias primas, con importantes impactos y consecuencias para la economía nacional y el bienestar social en el país”.
El sector minero pretende solicitar un análisis riguroso de la propuesta, además de que se convoque a un gran debate entre las partes.
- Más info
El artículo sexto de la Ley Minera da preferencia a la actividad minera sobre cualquier otra, incluso aquellas sobre las actividades ligadas a la naturaleza y la sustentabilidad de los recursos hídricos; la propuesta presidencial pretende cambiarlo.
Puntos clave:
- No se pueden otorgar concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas.
- Concesiones solo se entregarán mediante concurso público.
- Disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión.
Camimex analiza el alcance de los cambios legales propuestos, que notoriamente implican fuertes repercusiones para el desarrollo del sector minero y de otros sectores industriales relacionados con la producción de materias primas, con importantes impactos y consecuencias”, José Jaime Gutiérrez, Presidente de Camimex 4 mil 800 concesiones mineras hay en Sonora.
Fuente: Tribuna