Ciudad de México.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que México violó los derechos humanos de dos personas que permanecieron 17 años en prisión preventiva mientras se investigaba su presunta participación en la comisión de un delito, ordenando al gobierno reparar los daños y adecuar a estándares internacionales su ordenamiento jurídico interno de prisión preventiva oficiosa.
Se trata del caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes fueron detenidos en el año 2002 y permanecieron tras las rejas hasta que se les sentenció en 2022 (el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia) por el delito de homicidio, con una pena de 35 años de prisión, sentencia que está en apelación; ambos eran investigados por el asesinato de una funcionaria pública de Atizapán, durante el año 2001.
- Hubo tortura
Ricardo Pérez, presidente de la Corte, con sede en Costa Rica, fue quien dio a conocer la sentencia ayer, en un acto donde estuvieron presentes los representantes de las víctimas y funcionarios del Estado.
Detalló que durante los 17 años que permanecieron tras las rejas, ambas personas sufrieron tortura, mientras que el Estado Mexicano cometió violación a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley, la protección judicial, presunción de inocencia y el principio de plazo razonable.
“Para esta Corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio y por un lapso que excede todo plazo razonable”, explicó el presidente.
- Prisión preventiva debe regularse
En consecuencia, la CIDH ordenó que el daño sea reparado a las víctimas ya señaladas, mientras que también dio un plazo de un año a México, para que adecue a estándares internacionales su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, es decir que deberá promover una adecuación al artículo 19 de la Constitución para eliminar dicha figura.
El abogado y defensor de Derechos Humanos, Simón Hernández, aseguró que se trata de un “fallo histórico. Por primera vez, la CIDH ordena al Estado mexicano una reforma constitucional”. Las autoridades mexicanas anunciaron que analizarán la resolución de la Corte.
Fuente: Tribuna