Ciudad de México.- El lunes, Loreta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la posibilidad al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de sesionar con sólo cuatro comisionados.
La controversia constitucional que los miembros del organismo promovieron se debió a que el Senado no ha logrado acuerdos para nombrar a tres nuevos comisionados, indispensables para que el INAI opere con normalidad (necesita al menos cinco para sesionar); cabe recordar que el presidente López Obrador vetó las designaciones primero y después se ha encargado de, a través de Adán Augusto López, influir en los legisladores para que aplacen las decisiones cuando menos hasta septiembre.
Aunque ayer aseguró que los audios fueron manipulados, la semana anterior se dieron a conocer unos en donde Adán Augusto considera que mantener al INAI inoperante es el “mundo ideal” para el gobierno en turno; por ello también celebró la decisión de Ortiz al asegurar que la jueza “dejó de lado tantos intereses políticos y económicos que hay en torno al INAI”.
Esto, de acuerdo con los analistas es el más claro ejemplo de cómo la 4T pretende menoscabar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, aunque hacerlo viole derechos humanos y vaya en contra del concepto de gobierno moderno y transparente.
La transparencia y el acceso a la información sobre el gobierno son derechos ciudadanos (…) no permitirlos o limitarlos mediante argucias, da muestra de los intereses de este gobierno”, dijo la académica Denisse Dresser.
El caso siguió importándole poco o nada a los legisladores, quienes, pese a que están trabajando a marchas forzadas por el fin del periodo de sesiones, no consideraron hacer los nombramientos para el INAI, aunque parte de la oposición así lo exigiera.
- Otras afrentas
El caso del INAI no es el único en el plan del gobierno federal de acabar empedrar el camino hacia la rendición de cuentas y la transparencia.
El Ejecutivo pretende desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y darle sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), lo que supone un riesgo en la autonomía del aparato especializado, de acuerdo con analistas.
La propuesta del presidente López Obrador no sorprende, pues desde el inicio de su gobierno ha insistido en acabar con los organismos autónomos; en particular del SESNA dijo que se había creado para “simular que se iba a combatir la corrupción”, cuando en realidad, a su entender, “se ha ocultado la información”.
El principal argumento presidencial para ir contra el Sistema radica en que las funciones de ambas secretarías se duplican, por lo que la SFP puede, a juicio del mandatario, asumir las responsabilidades.
De acuerdo con Emiliano Montes de Oca, especialista en el Sistema Nacional Anticorrupción, no hay manera que la SFP sustituya al SESNA. “Se trata de una iniciativa muy riesgosa, que pone en entredicho la autonomía del sistema, que genera un conflicto de interés porque, obviamente, la función pública sería la guía de los intereses del ejecutivo y del sistema”, explica.
En resumen, los expertos coinciden que la SFP, como ente del gobierno, no puede actuar como juez y parte.
Aunque los diputados no piensan igual; tras una maratónica sesión, la madrugada de ayer la mayoría oficialista aprobó en fast-track, es decir sin discusión, que la SFP será la nueva responsable de concentrar compras y adquisiciones del gobierno federal.
De acuerdo a las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Función Pública sustituirá a la Secretaría de Hacienda en la responsabilidad de adquirir bienes y servicios par las secretarías de estado y el resto de dependencias del gobierno federal.
La propuesta fue criticada por legisladores de oposición, que consideraron que la SFP no puede ser juez y parte, ya que su función central es vigilar el uso correcto de los recursos públicos, por lo que hacer las compras también, equivale a que tendría que vigilarse a sí misma.
Estamos entregando la billetera sin destino, sin pies, ni cabeza; el peligro de la corrupción es latente si se faculta a esta dependencia para ser juez y parte de todas las adquisiciones del gobierno”, dijo el diputado Javier Zárate.
Estamos caminando haca un sistema anticorrupción centrado e influido por el Ejecutivo y esto trastoca la naturaleza del sistema que pretende que sea una institución de Estado y no de gobierno”, Jorge Alatorre, Presidente el SNA
Hay que leer un poco el trasfondo de esta iniciativa que es el interés del presidente de la por concentrar el poder, por eliminar aquellos órganos autónomos, aquellos actores que podrían contradecir sus ideas o intereses”, Dalia Toledo, Investigadora.
Fuente: Tribuna