Sonora, México.- La semana pasada, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron varias modificaciones a leyes, entre ellas la propuesta para una nueva Ley Minera, que tiene como origen la presidencia de la república y que, desde el inicio, generó una serie de controversias, temores y críticas feroces por parte de la industria. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó cambios sustanciales en el marco legal en el que trabajan las empresas del sector, tocando duración de concesiones, uso de recursos naturales, potestades del Estado y derechos de las comunidades, entre otros.

Y si bien el cabildeo de la poderosa industria minera tuvo éxito, ya que los senadores del partido oficial cedieron y modificaron la propuesta para dejar más laxos los controles propuestos, el resultado final no satisfizo a los inversionistas, pero tampoco al gobierno. Por tanto, una nueva y complicada disputa se avecina entre la autoridad federal y los capitalistas mineros, incluyendo a los magnates mexicanos como Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailléres (Grupo Peñoles) o Carlos Slim (Frisco), como a poderosas firmas canadienses y estadounidenses.

Las diferencias

En tiempos de Carlos Salinas, la industria minera obtuvo una ley completamente a modo, en donde se priorizó la extracción y especulación de minerales por encima del derecho al agua, medio ambiente sano y al territorio por parte de las comunidades. Desde entonces, organizaciones civiles, comunidades indígenas y ambientalistas han señalado el daño sistemático que ello ha significado: abatimiento de mantos acuíferos, despojo de tierras y abusos sociales.

Incluso hay casos paradigmáticos como el envenenamiento del Río Sonora por parte de Grupo México, un ecocidio que permanece impune y cuyos daños no han sido resarcidos. También en Sonora está el caso del ejido El Bajío y su disputa legal contra Penmmont, una minera subsidiaria de Grupo Peñoles, que habría abusado de su poder para adueñarse de territorios.

La nueva ley, de entrada, modifica el proceso de otorgamiento de concesiones, que, en lugar de hacerse de forma directa, prácticamente por ‘dedazo’, ahora será por concurso público. Las concesiones, además, disminuyen su periodo de duración a un máximo de 80 años, cuando en la ley previa podían alcanzar los cien. Aunque el cambio más importante es que ya no se prioriza la producción minera por encima del derecho al agua por parte de ciudadano, además de que obligará a las industrias a pactar contraprestaciones monetarias y sociales para las comunidades donde se encuentre la mina.

Dudas

Ante el embiste de la industria, que sigue con su cabildeo y presión mediática, el mismo presidente ha retrasado la promulgación de la ley, al tiempo de aceptar que esperan “una lluvia” de amparos por parte de las empresas nacionales e internacionales. En un intento de poner paños fríos al tema, el presidente aclaró que los cambios afectarán sólo a las nuevas concesiones, que no será retroactiva, pero al mismo tiempo apuntó que los cambios eran necesarios “porque abusaron durante muchos años; nunca vamos a olvidar lo que destruyeron por la extracción”.

Fuentes del gobierno federal han reconocido a la prensa internacional que la presión desde Canadá y Estados Unidos es fuerte, ya que los gobiernos de ambos países se han puesto del lado de sus empresas, que tienen intereses multimillonarios en el país.

Advertencias

Haciendo lo suyo, la industria minera ha señalado que en cuanto se promulgue la Ley, el daño económico y social resultará tremendo, intentando con esto llamar a dar vuelta atrás a la propuesta.

Estamos hablando de que dejarán de invertirse unos 4 mil millones de dólares anuales”, aseguró José Gutiérrez, director de la Cámara Minera de México (Camimex).

El de la Cámara es un mensaje similar al que autoridades canadienses se encargaron de llevar a la Secretaría de Economía en una reunión con su titular Raquel Buenrostro. De acuerdo con el abogado Edmond Grieger, representante de varias firmas mineras, al menos “cuarenta empresas canadienses y estadounidenses nos han mostrado interés en ampararse contra la Ley, para después “recurrir incluso a arbitrajes por el Tratado de Libre Comercio”.

Fuente: Tribuna