Ciudad de México. - La militarización ha sido una de las principales críticas a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Aunque la presidenta y la jefa de gobierno han negado que esto implique violaciones a derechos humanos, expertos y organizaciones señalan que el fenómeno no se limita a la seguridad pública, sino que abarca un abanico de atribuciones civiles, sumando más de 300 tareas en manos de las Fuerzas Armadas.
René Gerez López, investigador de la organización Causa en Común, explicó que la militarización no solo implica la estrategia de seguridad, sino una transformación del rol de las Fuerzas Armadas en el gobierno.
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Les han entregado tareas civiles para las cuales no están capacitadas. Esto no solo incluye seguridad pública, sino proyectos de infraestructura, manejo de aduanas y control migratorio, actividades que representan también un gran presupuesto y un enorme poder”, destacó Gerez.
Entre las tareas más relevantes que se han delegado a las Fuerzas Armadas están:
- Infraestructura pública: construcción de los aeropuertos Felipe Ángeles y de Tulum, y de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar.
- Proyectos de emergencia: gestión de la pandemia de Covid-19, traslado de vacunas y limpieza de sargazo en Quintana Roo.
- Custodia y vigilancia: fronteras, aduanas, entrega de programas sociales y transporte de mercancías decomisadas.
Además, hay que mencionar que uno de los casos más sensibles fue la participación militar en el Instituto Nacional de Migración (INM). Un informe de la Universidad Iberoamericana señala que las políticas de control migratorio han generado una narrativa que trata a los migrantes como “enemigos externos”.
El estudio documenta el uso de armas no letales, como tasers, en detenciones de migrantes en situación irregular, algo incompatible con el derecho internacional que reconoce su vulnerabilidad y necesidad de protección. Además, se señala la presencia de armas de uso militar en operativos, lo que ha llevado a intimidaciones, sometimientos y abusos.
Aunque legalmente se presentó como una institución civil, la Guardia Nacional opera bajo un esquema militarizado, según lo señalado por especialistas. “Con la reforma constitucional que la transfirió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quedó claro que es una fuerza militar: sus elementos son soldados y cobran en la Sedena”, afirmó Gerez.
Sheinbaum, en sus primeros días como presidenta, reiteró: “No hay Estado de excepción ni violaciones a derechos humanos. Esto no es militarización”. Sin embargo, el investigador René Gerez subraya que este rechazo al término tiene raíces en su connotación negativa, asociada históricamente a corrupción y abuso de poder.
No quieren llamarlo militarización porque evoca episodios oscuros de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, el nivel de participación militar en tareas civiles no deja espacio para interpretaciones: estamos ante un fenómeno que no se había visto en décadas”, concluyó.
Con al menos 15 secretarios de seguridad estatales provenientes del ámbito militar y más de dos mil elementos militares en institutos de seguridad, las críticas giran en torno a la falta de transparencia, riesgos de corrupción y un impacto significativo en derechos humanos.
La militarización, bajo el manto de tareas civiles, plantea un debate profundo sobre los límites entre el poder civil y militar en México, un tema que promete seguir siendo central en la agenda pública.
Fuente: Tribuna