Ciudad de México.- Después de recibir la orden de un juez para realizar una investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que no se lograron demostrar suficientemente los elementos necesarios para proceder legalmente contra ninguna persona por supuestas prácticas de tortura hacia Mario Aburto Martínez, el asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
A través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la FGR comunicó al juez segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, Antonio González García, que tras un examen exhaustivo y detallado, y al no cumplirse con los requisitos legales del delito de tortura, se llegó a esta decisión en noviembre de 2023. Sin embargo, esta resolución aún no es definitiva, ya que Aburto Martínez la impugnó.
Al no acreditarse los elementos del tipo penal del delito de Tortura, es que en fecha 21 de noviembre de la presente anualidad, esta autoridad ministerial, determinó el No Ejercicio de la Acción Penal en la citada indagatoria. El análisis correspondiente se concluyó (…) no se logra acreditar que los servidores públicos hayan realizado una acción dolosa, tendiente a infligir dolores o sufrimientos graves ni físicos ni psíquicos a Mario Aburto Martínez", se lee en el documento.
Debido a esto, la jefa de Departamento de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, Itzel Hernández Romero, aseguró que la FGR solo está hacuendo una simulación: "Dichas constancias no constituyen un soporte documental suficiente para acreditar que la investigación de mérito se integró con una debida diligencia y que el cumplimiento aludido por las responsables es simulado"
Cabe recordar que, en febrero de 2023, el juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó un plazo de 6 meses a la Representación Social de la Federación para emitir un pronunciamiento, plazo que venció el 30 de septiembre de 2023. Posteriormente, concedió una prórroga de dos meses al Ministerio Público, que finalizó el 1 de diciembre, para realizar algunas diligencias.
En marzo del año pasado, el mismo juez amparó a Mario Aburto Martínez, señalando la omisión de la Fiscalía General de la República en investigar la presunta tortura sufrida por Aburto tras su detención en 1994. González García destacó que la autoridad no cumplió plenamente con su deber constitucional de investigar, violando así derechos fundamentales como el derecho a la verdad y a la tutela judicial efectiva.
Fuente: Tribuna y FGR