Ciudad de México.- México tendrá las elecciones más grandes de su historia el próximo 2 de junio, cuando más de 98 millones de mexicanos están convocados a votar en unos comicios generales donde serán elegidos 20 mil 375 cargos, de los cuales 19 mil 746 son locales y 626 federales, incluida la presidencia.
Estas elecciones, así como las más grandes de la historia, también son las más violentas; lo cual repercute en la integridad del proceso electoral, en la sustitución de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, en la participación ciudadana y en la competencia política.
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La violencia política en México se refiere a aquella que tiene ocurrencia en contextos electorales, afectando a candidatos y candidatas, así como a congresistas locales, alcaldes o funcionarios de índole pública. Sin embargo, este tipo de violencia también puede afectar a periodistas y activistas que realizan actividades de naturaleza política.
Desde septiembre de 2023 al 1 de mayo de 2024 el Reporte de Violencia Política de Integralia registró 560 víctimas de violencia política, lo que es traducido a un promedio de 2.3 víctimas diarias. Con respecto a las víctimas 208 fueron personas aspirantes o candidatas, 123 funcionarios o ex funcionarios públicos, 110 políticos o ex políticos, 93 víctimas colaterales y 26 familiares de actores clave.
En lo referente al tipo de agresión, se registraron 195 asesinatos, 172 amenazas, 102 atentados, 21 desapariciones, 15 secuestros y 55 incidentes de otra índole, incluyendo agresiones físicas. Estados más violentos: Guerrero, Michoacán y Chiapas. Estos estados también son los que cuentan con más municipios de ocurrencia; la violencia se concentra en la región centro del país.
Ante esta situación que se presenta en México, es necesario que se tomen medidas urgentes para la prevención y atención de la violencia política; así como elaborar planes de protección para las personas candidatas en las entidades con mayor incidencia y desarrollar medidas de seguridad que den certeza a las y los votantes de las garantías para su participación.
Fuente: Tribuna