Ciudad de México.- Por la madrugada de este 20 de septiembre, México despertó con la noticia de que la Cámara de Diputados resolvió aprobar la reforma a la Guardia Nacional (GN) que fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, como parte del llamado 'Plan C'. A cinco días de haberse avalado en su totalidad la reforma al Poder Judicial y haber enviado dos propuestas más a la Cámara Baja, los funcionarios trabajan a toda marcha para analizar los documentos y discutirlos.
En 2022 se había propuesto una reforma similar, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional un año después. AMLO no desistió y una vez más impulsó un plan que tiene como objetivo reincorporar la GN a la Defensa Nacional. En caso de pasar todos los procesos de revisión de manera satisfactoria, pasaría a adherirse a las Fuerzas Armadas junto al Ejército y la Marina. Al igual que la reforma judicial, ésta ha sido severamente criticada. En el último caso, expertos en materia de seguridad y defensores de derechos humanos han alertado que, de admitirse se podría dar paso a la militarización del país.
Te podría interesar
Al plasmarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será sometido a modificaciones estructurales, en las que se eliminará la "garantía orgánica" que establece la obligación de contar con mandos civiles en las instituciones de seguridad pública. Un apéndice importante de este proyecto aclara que la GN no se equiparará al Ejército Mexicano en cuanto a funciones.
Una vez que pase por el Senado y por los Congresos Estatales, el financiamiento de la GN quedará en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Otro cambio interesante es que se facultará a la GN para que colabore en la investigación de delitos, una tarea que actualmente está reservada únicamente al Ministerio Público y a las fuerzas policiales.
Rodolfo Gamiño Muñoz, un investigador de la Universidad Iberoamericana, dice que las fuerzas armadas solo deberían encargarse de la seguridad en situaciones excepcionales, como en guerras o desastres naturales, y no en la vida cotidiana de la gente. Al concederles más poder y protección legal, se corre el riesgo de que los integrantes de la GN incurran en ejecuciones o detenciones injustas que podrían justificarse bajo el argumento de que estaban en una "situación excepcional". Por otra parte, se les atribuirá mayor presupuesto. Actualmente, las FN ya manejan muchos recursos, lo cual puede atentar contra lo que dicta la Constitución.
Fuente: Tribuna Sonora