Ciudad de México.- Este martes, Felipe Calderón emitió una opinión acerca del curso que ha tomado el país, con base en la violencia que se vive en Culiacán y en la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Según dijo, el narcotráfico es un problema serio que está contaminando todo el territorio al convertirlo "en una serie de narcoestados". Mientras que del proyecto que modifica las bases del estrato judicial, afirmó que deterioró la democracia.
Vertió sus comentarios durante un panel titulado "UE y América Latina: ¿qué futuro?", organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Desde su perspectiva, Latinoamérica ha sufrido una "grave caída institucional", con especial énfasis en México, Cuba y Venezuela. A esta reunión también asistieron el ex presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el ex presidente del gobierno de España, José María Aznar.
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Este discurso se enmarca en la administración y guerra fallida contra el crimen organizado que encabezó el panista durante su sexenio entre 2006 y 2012. Esto provocó el despliegue de militares en grandes cantidades en estados como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua. En este periodo, alrededor de 70 mil personas fueron asesinadas de manera violenta. Además, el número de cárteles de narcotráfico incrementó, y el tráfico de drogas nunca frenó. De modo que su estrategia tampoco tuvo resultados satisfactorios para menguar el narcotráfico.
En cuanto a la reforma, ésta fue aprobaba en una semana, pese a las manifestaciones y paros laborales que se organizaron para mostrar descontento. En las últimas horas, una jueza federal ha ordenado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) que eliminen la publicación del proyecto.
Se trata de Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, quien emitió una suspensión definitiva que instruye retirar la publicación de la reforma hasta que se resuelva el juicio de amparo interpuesto. Como argumento recordó que los diferentes sistemas políticos se dirigen bajo procedimientos rigurosos tanto para el nombramiento como para la destitución de funcionarios. Por consiguiente, permitir que el orden público intervenga en esta fase resultaría en una violación al artículo primero de la Constitución.
Fuente: Tribuna Sonora