Ciudad de México.- El asunto de legalizar y regular el casino y otras formas de juego ha ganado espacio en la conversación pública de varios países de Latinoamérica. Con la mirada puesta en 2026, este periodo podría resultar decisivo, especialmente para Brasil, donde el Congreso evalúa cambios legislativos capaces de redefinir la industria. El interés social y político parece crecer, impulsado por factores como la expansión del juego digital y el aumento —en parte preocupante— del mercado ilegal de apuestas.
Esta situación obliga a autoridades y legisladores a tomar posición. Entre la inquietud por las adicciones, la necesidad de fiscalización y el control de operaciones no oficiales, el debate se intensifica tanto a nivel nacional como regional. El futuro del sector y su impacto en la economía y las relaciones sociales siguen siendo cuestiones abiertas.
Contexto clave en Brasil
En Brasil, todas las miradas apuntan a 2026, con el Proyecto de Ley 2234/22 en el centro del debate político y mediático. De aprobarse, permitiría la instalación de complejos turísticos con casinos, la regulación de bingos y la posible legalización del “jogo do bicho”. Magnho José, analista habitual del sector, considera probable que el Senado vote la medida antes del próximo ciclo electoral.
Datos de la Secretaría de Premios y Apuestas indican que cerca del 50 % del dinero apostado aún circula fuera del marco legal. Tras un primer año considerado positivo para la regulación de apuestas deportivas y juegos online, aumenta la presión para reforzar controles y garantizar la aplicación del impuesto del 12 % sobre el GGR, con la posibilidad de futuras subidas.
En paralelo, el Supremo Tribunal Federal decidió frenar las loterías municipales, evidenciando tensiones entre gobiernos locales y la administración federal respecto a competencias fiscales y normativas. Esta falta de coordinación añade complejidad a un escenario ya marcado por intereses contrapuestos.
Tendencias del mercado y propuestas legislativas
Más allá de los grandes proyectos, han surgido iniciativas para limitar la presencia de apuestas y casinos online en espacios públicos del Distrito Federal. Entre ellas, propuestas para prohibir anuncios de juego en contratos y patrocinios estatales. Estas medidas responden a la presión social y a advertencias médicas sobre el aumento de casos de ludopatía. El debate nacional se inscribe así en una tendencia global: equilibrar ingresos fiscales con la reducción de riesgos sociales.
Desde el sector, se sostiene que la Secretaría de Premios y Apuestas debería endurecer la fiscalización para captar recursos que hoy permanecen en el mercado ilegal, estimado en casi la mitad de la actividad total. De regularse plenamente, algunos proyectan ingresos adicionales para áreas como salud o educación, aunque reconocen que el proceso exige marcos normativos cada vez más complejos.
Escenarios comparativos en la región
Mientras Brasil discute la legalización de casinos físicos y apuestas online, otros países muestran realidades distintas. México continúa operando en 2026 bajo un marco legal de 1947, administrado por la Secretaría de Gobernación, lo que genera lagunas regulatorias y confusión. En Argentina, el enfoque se orienta al control del juego no autorizado y a campañas educativas, con participación de expertos, sindicatos y organizaciones vinculadas a la ludopatía.
Fuera de la región, experiencias como las de Massachusetts y Pensilvania revelan que la expansión del iCasino online también genera divisiones: para algunos representa ingresos fiscales, para otros amenaza a los casinos tradicionales. En España, eventos como ICE Barcelona reflejan una agenda centrada en combatir el juego ilegal y abordar la adicción, más que en promover un crecimiento sin restricciones.
Perspectivas y dilemas fiscales
El debate fiscal añade otra capa de complejidad. El Ministerio de Finanzas de Brasil estima que la formalización del sector podría aportar miles de millones de reales al Estado, aunque persisten dudas sobre la asignación de esos fondos. Un eventual aumento del impuesto sobre el GGR podría alterar el equilibrio económico de los operadores legales y exigir nuevas adaptaciones. Ningún país ha logrado erradicar por completo el mercado informal, que sigue moviendo grandes volúmenes fuera del control oficial.
Más que soluciones definitivas, el reto parece ser construir sistemas regulatorios capaces de generar beneficios económicos sin agravar riesgos como la adicción, la exclusión o la corrupción. En este contexto, la región continúa buscando un equilibrio difícil de alcanzar.
La llamada al juego responsable adquiere así una urgencia particular. No basta con marcos legales si no se acompañan de controles efectivos, campañas de prevención y apoyo a personas afectadas. Experiencias en Argentina y Estados Unidos muestran que la protección del jugador y la educación pública pueden resultar tan relevantes como la recaudación fiscal. El desenlace dependerá de la capacidad de los países para combinar innovación, regulación sensata y un compromiso real con el bienestar colectivo, algo que todavía está por verse en la práctica.