Ciudad de México.- El desarrollo tecnológico de las últimas décadas transformó por completo la manera en que las personas interactúan. Las redes sociales pasaron de ser una novedad a convertirse en canales cotidianos de comunicación. Sin embargo, la amplia penetración de estas herramientas tecnológicas trajo consigo un análisis profundo sobre la conveniencia de permitir que los usuarios más jóvenes naveguen sin ningún tipo de filtro o supervisión de un adulto.
El debate sobre la regulación de las cuentas de Internet para sectores infantiles y juveniles tomó fuerza en diversos recintos legislativos mexicanos. Hoy en día, existen tres propuestas activas que plantean modificar el marco jurídico para condicionar la presencia de menores de edad en los entornos digitales, delegando mayores responsabilidades a los tutores legales y a las empresas tecnológicas.
Ciudad de México
En la capital del país, el diputado Ernesto Sánchez, representante del Partido Acción Nacional (PAN), propuso una iniciativa centrada en restringir el uso libre de las plataformas a quienes tengan menos de 16 años de edad. La idea central de este proyecto consiste en modificar tanto la Ley Federal de Protección al Consumidor como la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
La propuesta plantea trasladar una responsabilidad directa a los padres, madres o tutores legales. Ellos tendrían la obligación ineludible de autorizar, configurar, vigilar y, en dado caso, cancelar los perfiles virtuales de los menores a su cargo. El legislador argumentó que estas medidas buscan reducir la exposición a conductas nocivas que suceden en la red, tales como el ciberacoso, el acoso por parte de adultos y la distribución de imágenes íntimas.
Durante su participación en el pleno, el promovente señaló que esta tendencia de legislación ya cuenta con antecedentes en otras partes del mundo, mencionando casos aplicados en naciones como Australia, Francia y Brasil. El proyecto busca que los adultos asuman un rol activo en la administración de la huella digital de los jóvenes.
Estado de México
La legislatura mexiquense recibió un planteamiento similar, aunque con diferencias marcadas en cuanto a los rangos de edad. El diputado Mariano Camacho, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un documento que sugiere prohibir de manera total el acceso a las plataformas de interacción social a los menores de 12 años. Para el bloque demográfico que comprende de los 12 a los 14 años, el texto establece que solo podrán navegar en estas aplicaciones bajo el acompañamiento comprobable de sus padres o tutores.
Para lograr este cambio, el representante del PRI sugirió una modificación constitucional orientada a fortalecer la seguridad y la inclusión digital. El planteamiento contempla la creación de una ley reglamentaria que funcione mediante un esquema escalonado. Este sistema tomaría en cuenta las distintas etapas del desarrollo escolar y cognitivo de los menores, reconociendo que los niveles de madurez y de autonomía crecen conforme avanza la edad.
El objetivo es crear un entorno seguro adaptado al desarrollo mental de cada niño o adolescente, evitando medidas universales que no distingan entre las necesidades de un infante de primaria y uno de secundaria.
Nuevo León
La tercera entidad que se sumó a este análisis legislativo es Nuevo León. El diputado Tomás Montoya Díaz, militante del partido Morena, remitió una propuesta dirigida a la Cámara de Diputados a nivel federal. Su planteamiento busca modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la finalidad de sujetar el acceso de las personas menores de 15 años al cumplimiento de ciertos requisitos tecnológicos y parentales.
El proyecto de ley estipula que este sector de la población solo podrá ingresar a las aplicaciones de interacción virtual a través de herramientas de control parental que sean plenamente funcionales y gratuitas. Además, dichas herramientas deberán contar con parámetros mínimos de seguridad y requerirán de una autorización verificable por parte de quien ejerza la patria potestad o la tutela legal.
Los argumentos que respaldan esta iniciativa se centran en salvaguardar la salud mental y proteger la integridad de los usuarios de menor edad mientras navegan por la red. Al llevar la propuesta al ámbito de las telecomunicaciones, se busca comprometer a las empresas proveedoras de servicios digitales a facilitar las opciones de supervisión familiar, garantizando entornos más seguros para las nuevas generaciones.
Fuente: Tribuna del Yaqui
