Ciudad de México.- Y será mejor para todos si la sociedad y el estado de forma independiente, bajo sus propios auspicios, realizar "mecanismos de seguridad", las válvulas que permitirán a los individuos de juego en el tiempo para deshacerse de las emociones acumuladas. Porque a falta de casinos legales, seguirán encontrando dónde apostar.
El mercado de los casinos ilegales, al que nadie ni nadie obedece, existe en parte porque en el ámbito legal de muchos Estados es técnicamente imposible que exista, porque las leyes simplemente prohíben la vida y el desarrollo de tales organizaciones. Naturalmente, medidas tan estrictas no ayudan a mejorar el nivel de seguridad financiera.
Sin embargo, en los últimos años en términos de actitud hacia los juegos de azar en línea se registra un giro consciente en los países avanzados, uno de los cuales fue Suecia. Incluso las apuestas en línea han alcanzado aquí un nuevo nivel.
Características del enfoque sueco
Hasta 2019, Suecia era una jurisdicción típica en Europa, que de ninguna manera atraía a posibles inversores del mundo de las apuestas y los juegos de azar. Después de todo, solo dos empresas estatales - Swans Sport y AB Trav - podían operar legalmente en el país. Estaban totalmente controladas por el Estado, y la falta de competencia en el mercado hacía que el nivel y la calidad de los servicios de juego prestados estuvieran notablemente por detrás incluso de los casinos ilegales.
Pero en 2019, los diputados suecos tuvieron una epifanía. El 1 de enero de 2019 aprobaron la llamada Ley del Juego, que trastoca por completo las reglas del juego del mercado. La ley pasó a ser óptima en términos de apoyo a las empresas, los intereses de la población y los ingresos del Estado.
Qué se incluyó en la Ley del Juego
La nueva ley limita claramente el ámbito de responsabilidad financiera y legislativa del negocio del juego. Entre las principales disposiciones de la ley figuran las siguientes:
- Las empresas comerciales dedicadas al juego deben pagar un 18% de impuestos sobre los beneficios al Estado;
- Las empresas no comerciales están exentas de impuestos, pero no tienen derecho a beneficios comerciales;
- Se han introducido 6 tipos de licencias para juegos de azar de diferentes temas y orientaciones. El coste oscila entre 400.000 y 700.000 SEK;
- Un nuevo usuario sólo tiene derecho a 1 bono de bienvenida en uno de los casinos oficiales;
- Se puede jugar a partir de los 21 años en lugares fuera de línea, en línea - a partir de los 18 años;
- Debe transcurrir un mínimo de 3 segundos entre las tiradas de las tragaperras, para que el usuario tenga tiempo de pensar;
- Debe utilizarse un único método de pago para depositar y retirar fondos en cualquier cuenta de juego;
Un organismo especializado, la Inspección del Juego, supervisa el mercado del juego.
Sobre el papel de la Inspección del Juego
Este organismo público depende directamente del Gobierno, pero informa al Riksdag, es decir, el Parlamento sueco, elegido popularmente. Los informes sobre la actuación del organismo regulador son lo más transparentes posible para que cualquier ciudadano pueda observarlos.
Este es el principal rasgo distintivo del mercado sueco de casinos: la máxima transparencia y honestidad, que se garantizan a nivel estatal. El Estado en la persona de la inspección del juego como si dijera: se puede jugar, pero sólo en casinos seguros, a los que se expide una licencia. Esta última, por cierto, no se expide a todas las organizaciones. Para obtenerla, la empresa debe pasar una rigurosa selección, que confirmará la alta calidad de los servicios prestados.
Sin embargo, este enfoque es beneficioso para los casinos en línea, porque el paso de una selección tan rigurosa de ellos muestra claramente a los usuarios que el casino es honesto, que sus servicios se pueden utilizar con seguridad. Y esto aumenta la audiencia de usuarios tanto en Suecia como en el extranjero (si el casino es internacional).
¿Cuál es el resultado final?
Suecia es una de las jurisdicciones más progresistas para el juego en línea. Las operaciones de casino en el país son completamente legales, siempre que las empresas informen regularmente al Estado y paguen impuestos. También deben obtener una licencia para operar, que confirmará la calidad de los servicios que prestan al público.