Miami, Florida. - En su primer día de mandato tras asumir nuevamente la presidencia, Donald Trump firmó un decreto que restablece la pena de muerte para inmigrantes en situación irregular que cometan delitos graves. Hay que señalar que la medida, titulada “Restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública”, busca endurecer las sanciones contra actos que representen una amenaza para la seguridad nacional y marca un drástico giro respecto a la administración de Joe Biden.
Pero eso no es todo, pues el decreto también establece penas más severas para quienes asesinen a agentes de la ley, una decisión que ha generado amplio debate entre expertos legales y la opinión pública. “Debemos defender a los ciudadanos estadounidenses frente a actos de violencia letal”, argumentó Trump al justificar la nueva política en ese momento.
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Ahora, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó recientemente un paquete de leyes migratorias que endurecen las sanciones contra inmigrantes en situación irregular, incluyendo la pena de muerte para aquellos declarados culpables de asesinato premeditado o violación de menores. Estas medidas van más allá de las órdenes ejecutivas de Donald Trump y refuerzan la política estatal de control migratorio con una fuerte inversión en seguridad.
Florida, históricamente considerado un refugio para inmigrantes, se convierte ahora en uno de los estados más estrictos en la aplicación de restricciones migratorias. Con estas nuevas leyes, DeSantis reafirma su postura conservadora y destina 298 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza. Los fondos permitirán contratar más de 50 nuevos agentes especializados en inmigración, proporcionar equipos y capacitación a las agencias locales, bonificaciones para oficiales que colaboren con operaciones federales y reembolsos por el alquiler de instalaciones de detención.
La legislación también impone penas más severas para delitos cometidos por inmigrantes sin autorización y tipifica como delito el reingreso ilegal al estado tras haber ingresado previamente al país de manera irregular.
La aprobación de estas leyes se produjo luego de intensas negociaciones entre DeSantis y la cúpula legislativa de Florida, quienes buscaban un punto de consenso sobre cómo respaldar las restricciones migratorias impulsadas por Trump. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de fricciones.
El senador republicano Joe Gruters, aliado de Trump y patrocinador de los proyectos de ley, afirmó que esta nueva legislación representa una victoria política para el expresidente. “En última instancia, esto es una victoria para Donald Trump. Porque de eso se trata todo esto”, declaró Gruters.
Como parte de la negociación, los legisladores eliminaron una propuesta que habría reducido los poderes del gobernador en materia de inmigración, aunque la ley finalmente aprobada deroga una disposición previa que permitía a estudiantes inmigrantes sin autorización legal acceder a matrícula estatal en universidades públicas.
La nueva legislación ha sido recibida con fuertes críticas por parte de los demócratas y organizaciones defensoras de derechos civiles, quienes argumentan que la pena de muerte para inmigrantes en situación irregular podría ser inconstitucional, citando precedentes de la Corte Suprema. También advierten sobre el riesgo de discriminación racial en la aplicación de estas leyes.
Mientras tanto, otros estados del sur están siguiendo el ejemplo de Florida con sus propias iniciativas de endurecimiento migratorio. En Alabama, el Senado estatal aprobó un conjunto de proyectos de ley que incluyen la detención de inmigrantes para verificar su estatus migratorio, la recolección obligatoria de ADN de inmigrantes no autorizados bajo custodia y el fin del reconocimiento de licencias de conducir de estados donde se otorgan sin prueba de ciudadanía.
Si llegas al país legalmente, si entras a Alabama legalmente, entonces estos proyectos de ley no te afectan”, defendió el senador republicano Wes Kitchens, autor de una de las propuestas.
En Georgia, el Senado estatal aprobó otro proyecto de ley que permite demandar a gobiernos locales que no cooperen con las autoridades federales de inmigración. Esta medida se refuerza tras el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años, presuntamente a manos de un inmigrante venezolano sin autorización legal en Estados Unidos.
La implementación de estas políticas ha generado temor entre comunidades migrantes, especialmente en Florida y Alabama. Jasmin Hernández Alamillo, hija de inmigrantes mexicanos y reciente graduada de la Universidad de Alabama en Birmingham, expresó su preocupación sobre el impacto de estas medidas.
No necesariamente quiero ser parte de un estado que va a perpetuar continuamente este sentimiento negativo hacia las comunidades marginadas”, afirmó.
A pesar de la controversia, el gobierno de Trump avanza con su agenda de seguridad, apostando por una política de “tolerancia cero” que refuerza su postura de mano dura contra el crimen y la inmigración irregular. La implementación de este decreto y su impacto en el sistema judicial serán observados de cerca en los próximos meses.
Fuente: Tribuna