Florida, Estados Unidos.- La administración estadounidense puso su atención sobre un suceso violento reportado este miércoles en el mar Caribe, donde un enfrentamiento entre autoridades de Cuba y una embarcación proveniente de Florida dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y múltiples heridos. JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, confirmó que la Casa Blanca se mantiene al tanto de los acontecimientos, aunque optó por la prudencia al señalar que la información disponible es todavía escasa.
Ante las preguntas de la prensa, Vance manifestó su deseo de que la gravedad de los hechos no escale, señalando que el gobierno necesita reunir más datos antes de establecer una postura definitiva. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esta posición de cautela. El funcionario aclaró que, por el momento, gran parte de los datos provienen de las autoridades de La Habana, lo que obliga a Washington a realizar sus propias averiguaciones para contrastar las versiones.
Rubio fue contundente al negar que la lancha involucrada formara parte de alguna misión gubernamental de Estados Unidos o que transportara personal federal. Asimismo, aseguró que una vez se tenga certeza sobre lo sucedido, se tomarán las medidas correspondientes. Los hechos tuvieron lugar en la zona del canalizo El Pino, próximo a cayo Falcones. Según el reporte emitido por el Ministerio del Interior de Cuba, una unidad de las Tropas Guardafronteras interceptó la nave con registro de Florida.
La versión de La Habana sostiene que, durante el proceso de identificación, la tripulación de la lancha inició una agresión con armas de fuego, lo que desencadenó la respuesta de los uniformados cubanos. El intercambio de disparos resultó en la muerte de cuatro ocupantes de la embarcación civil y dejó lesiones a otras seis personas, además de un oficial cubano herido. De forma paralela a la gestión federal, el estado de Florida decidió actuar por su cuenta. James Uthmeier, fiscal general del estado, comunicó el inicio de una indagación propia.
Uthmeier instruyó a su equipo para trabajar en colaboración con distintas agencias de seguridad y socios federales con el fin de esclarecer los hechos. En su declaración pública, el fiscal general dejó patente su desconfianza hacia los informes de la isla y se comprometió a buscar transparencia y rendición de cuentas sobre este episodio letal. Mientras las investigaciones avanzan, tanto Washington como Tallahassee esperan obtener pruebas independientes que permitan reconstruir con exactitud la secuencia de los eventos en altamar.
Fuente: Tribuna del Yaqui
