Al igual que la gran novela de García Márquez en la que narra los poco gloriosos últimos años del libertador de América Simón Bolívar, asistimos a la patética trama de los actores dominantes en el llamado granero de México y su disputa por seguir recibiendo los subsidios de los que habían gozado a lo largo del período neoliberal.
El tema en disputa pareciera referirse a un fenómeno coyuntural: Los precios de los granos han caído internacionalmente y los agricultores requieren el auxilio del estado para evitar una catástrofe. Pero en realidad este problema viene de lejos, es mucho más complejo y hay varias cosas que no se han querido decir; abordemos algunas de ellas.
Desde el surgimiento en Sonora de la Revolución Verde en la década de los 60s. la agricultura de los valles agrícolas del sur se centró en la producción extensiva de granos, especialmente trigo y maíz, aprovechando el acceso privilegiado a los recursos hídricos y la infraestructura hidroagrícola establecida a lo largo de las cuencas de los ríos y Yaqui y Mayo.
Durante estos largos 60 años, se registran solo unos cuantos casos de productores visionarios que han decidido invertir en sus tierras con el fin de modificar este patrón productivo e incursionar en la producción de frutales, hortalizas y procesos agroindustriales. Al mismo tiempo, la reinversión de las ganancias obtenidas a lo largo de este tiempo no se ha visto reflejada extensivamente en la mejora de los sistemas de riego con el fin de optimizar el recurso agua, ni en la adopción de mejores prácticas productivas como la labranza de conservación. Así, el modelo de acumulación agrícola prevaleciente en los valles del sur de Sonora ha sido a lo largo de los años esencialmente tradicionalista y extractivista, sostenido fuertemente por los recursos públicos.
Paralelamente a esto, existe una historia lamentable relacionada con los procesos de concentración de tierras y aguas. Lo que en los tiempos del Cardenismo y posteriormente en los años del Echeverrismo surgió como una reivindicación de las demandas campesinas en los valles a través de los repartos agrarios, ha sido anulada casi por completo hasta configurar actualmente un panorama en el que más del 90 % de las tierras y derechos de agua de los Distritos de Riego se encuentran bajo distintas modalidades de rentismo, no solo entre aquellos campesinos que recibieron las tierras sino también entre las comunidades Yaquis.
¿Qué llevó a los auténticos pequeños y medianos productores a ceder sus tierras a los grandes acaparadores de la región? Precisamente lo que ahora se reclama, la falta de apoyos por parte del estado. El giro en las políticas públicas a lo largo del período neoliberal dio lugar al despojo masivo del sector social y a una enorme concentración de los recursos productivos en manos de los grandes empresarios agrícolas de Sonora.
Que no se engañe a nadie, en los años recientes, el binomio trigo–maíz ha dado lugar a la generación de ganancias extraordinarias para los grandes productores de los valles. En el ciclo agrícola 2020-2021 se registraron rendimientos récord por hectárea en trigo (7.1/Ha) y una demanda extraordinaria en maíz, producciones que nunca se habían visto, trajeron pingues beneficios para los grandes productores agrícolas, en esa ocasión no hubo reclamos. En el siguiente ciclo, 2021-2022, los precios de los granos se dispararon internacionalmente (hasta 522 dólares por tonelada en trigo y precios constantes a la alza en maíz a lo largo del año) y con ellos se generó una nueva bonanza, concentrada, que tampoco dio lugar a inconformidades de ningún tipo, salvo de aquellos que siguieron reclamando pagos rezagados del Procampo, con el ánimo de sumar algunos miles de pesos extras para sus empresas.
Hoy los grandes productores demandan de nuevo la protección del estado y utilizan para ello diversas estrategias, desde bloqueos de aeropuertos y carreteras, hasta tomas de oficinas, el discurso chantajista de una inminente quiebra de la actividad agrícola y por supuesto el acompañamiento de actores políticos y gacetilleros profesionales a su servicio.
No es, ni será nunca la solución coyuntural que se exige a cargo del erario público, lo que permitirá extirpar las prácticas monopólicas y el despojo masivo del sector agrario que se ha registrado históricamente en los valles del sur. El verdadero salto hacia adelante debe de estar sustentado en el diseño e implementación de políticas públicas de mediano y largo plazo que ordenen con firmeza la actividad, regulen el acceso a los bienes y permitan el desarrollo equilibrado del campo, en el que la equidad basada en apoyos diferenciados a los más pobres, la racionalidad en el uso de tierras y aguas y el apego a los principios de sustentabilidad constituyan las prioridades del estado mexicano.
Nada de esto aparece, por supuesto, en las demandas de los agrotitanes que enfrentan hoy su laberinto, no cabe esperar de ellos que atiendan las demandas sociales, pero sí que se apeguen, como el resto de los sectores productivos del país, al libre juego del mercado y asuman sus consecuencias presentes y futuras.