Organizaciones sociopolíticas de mujeres y su participación real en el Estado 

Ciudad Obregón, Sonora.- Es necesario comprender que las demandas de las organizaciones de mujeres y feministas que conforman redes de luchas en Sonora, México y Latinoamérica están lejos de llegar a una real institucionalización en el contexto de la ampliación democrática, como nos hacen suponer los informes de resultados de la aplicación de políticas de género.

Para explicar esa confusión, comenzaremos por las razones desde una perspectiva feminista que señala una razón unívoca del Estado-nación al ser fundado en una visión humanista cuya medida universal es el hombre. Sin embargo, un giro decisivo para lograr la supuesta igualdad se dio en la década de 1990, con el proceso de democratización después de gobiernos autoritarios y consistente en reivindicar el papel de la sociedad civil.

 

Pronto llegaron las reformas estructurales neoliberales y la globalización, momento de la descomposición definitiva de la articulación entre Estado, sociedad y política como matriz constitutiva estatal, nacional y popular con el triunfo del mercado encima de todo, incluso del mismo Estado cuyo rol referencial se debilitó junto al surgimiento de nuevos actores sociales y políticos. 

Uno de esos actores con una fuerza indiscutible han sido las mujeres organizadas, estoy de acuerdo con las posturas que afirman el primerísimo lugar que tiene el movimiento feminista y las luchas de mujeres, en el ámbito de los movimientos sociales a nivel global con un cúmulo de experiencias que marcan la historia del tiempo presente, desde la década de 1970.

Si bien ha contribuido a la ampliación democrática, por ser un actor colectivo con gran capacidad de gestión, institucionalizar sus demandas presenta grandes retos, no olvidemos que el Estado está compuesto de materia social, es un espacio generalizado que funciona a través de relaciones de poder, son inservibles los cursos de capacitación en perspectiva de género a personal del gobierno, cuando el sentido común poblado de micromachismos, guía en lo cotidiano la administración de ministerios y jueces. 

En el plano estatal, como el resto del país el movimiento feminista ha tenido logros y resultados en material de salud sexual y reproductiva, también para posicionar temas como la violencia hacia las mujeres en la opinión pública y la promulgación de leyes. Sin embargo, los desafíos consisten en que los logros quedan a medio camino, esto significa que con frecuencia se trata de conquistas de nombre en convenios, acuerdos y pactos, pero sin acompañarse de los dispositivos legales y principalmente presupuestales para hacerse efectivos.

Uno de varios ejemplos en el plano local, es la Alerta de Violencia de Género (AVG) aprobada en seis municipios del estado en el año 2021, e impulsada por organizaciones articuladas de mujeres y feministas que se traduce en una serie de disposiciones legales sin dientes a la fecha, con todo y las observaciones dirigidas a las autoridades en Sonora, por el órgano Superior de la Federación de la H. Cámara de Diputados, convocante y fiscalizador del presupuesto de las AVGM en el país desde el año 2015.

El actual gobierno destinó hasta el tercer año (2023) 1,900,000.00 que ejerció hacia el tercer trimestre, pero en estricto no se ha destinado un fondo específico que dirijan a cada una de las 31 acciones derivadas de la D-AVGM. El único municipio que se ha etiquetado con presupuesto es Cajeme, a petición de la Red Feminista Sonorense, sin embargo, tampoco se ha transparentado su gasto, mucho menos sus indicadores de resultados. 

Fuera de que la implementación de la paridad política no se ha visto ajena a los pactos patriarcales de siempre, tampoco apunta a resolver de fondo las demandas del movimiento feminista y las luchas de mujeres, mientras avanzan los programas con perspectivas de género y aumentan el número de mujeres con cargos en los congresos y el senado, la brecha entre el Estado, las instituciones y la sociedad civil organizada, se mantiene.

Fuente: Tribuna