Tijuana, Baja California.- Lupita Jones, candidata de la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD al gobierno de Baja California, denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al gobernador Jaime Bonilla por lavado de dinero, peculado y colusión.
Jones indicó que el monto por estos delitos pudiera superar los 278 millones de pesos, y especuló que una parte de este presupuesto pudo haber sido canalizado al financiamiento de la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que interpondrán denuncia ante el Instituto Estatal Electoral (IEE).
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Además, aseguró que la información la obtuvo en los recorridos que realiza con la gente, debido a su postulación como aspirante a la gubernatura.
Juan Marcos Gutiérrez González, asesor jurídico del equipo de campaña, explicó que Fisamex no está dada de alta como persona moral, sino una compañía de nombre Romafam, encabezada por Manuel García Soto, quien se presenta como director de Fisamex. Romafam es la empresa que en realidad cobra el 20 por ciento del recurso, aunque, en la mayoría de los casos, los recibos son emitidos por Fisamex.
Hasta diciembre del 2020, el gobierno estatal cobró mil millones de pesos por derechos de agua en Baja California a cientos de empresas.
El delito de lavado de dinero, de acuerdo al artículo 400 BIS del Código Penal Federal, ocurre porque con base en certificados fiscales de facturas emitidas por organismos del agua se detectó que, en el año 2020, el Gobierno del Estado pagó a la empresa Romafam 278 millones de pesos", informó Gutiérrez González.
Fuente: Reforma