Ciudad de México.- A tres días de entregar su propuesta de Reforma Electoral al Gobierno Federal, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) continúan depurando planteamientos internos. Hasta ahora, el único acuerdo unánime es solicitar que la elección para ocupar 850 cargos judiciales federales se realice después, entre octubre-noviembre de 2027.
Nueve de los 11 consejeros que integran el Consejo General del INE pusieron sobre la mesa 241 propuestas clave para la ReformaElectoral. La mayoría de los consejeros aboga por una autonomía financiera real mediante un presupuesto atado al Producto Interno Bruto (PIB), evitando así ajustes políticos. La propuesta también incluye:
- Cambio de fecha para la elección judicial
- Fin del secreto ministerial para facilitar la fiscalización.
- Protección de las diputaciones plurinominales para mantener el equilibrio en el Poder Legislativo.
La consejera Carla Humphrey, en su intervención, mencionó que el INE recibe recursos insuficientes y en muchas ocasiones los ajustes al gasto ponen en riesgo los derechos de la ciudadanía y de preservación de los principios democráticos y electorales en México. Por su parte, el consejero Martin Faz destacó que una de las propuestas que incluye el documento del INE prevé que el presupuesto del organismo sea dinámico y se vincule a los criterios del PIB anual, impidiendo que haya variaciones presupuestales.
"Sin recursos, sí hay una afectación a la calidad de la democracia. Debemos preservar que las elecciones sean confiables con el presupuesto necesario", destacó el consejero Arturo Castillo. Asimismo, el consejero explicó que someter al mismo calendario la elección judicial y los comicios ya programados para 2027 sería "prácticamente imposible de organizar".
Otra de las propuestas que destacaron en la presentación del documento fue, como lo adelantó El Universal, vetar en la Constitución el secreto ministerial de las funciones de fiscalización del INE y sancionar a los funcionarios que no colaboren con la información que se les solicita desde el instituto.
El consejero Castillo reconoció que los tiempos se estiraron más de lo adecuado, pues el análisis debió trabajarse desde septiembre u octubre. Aun así, confió en que el documento final será claro, puntual y útil para la Comisión Presidencial de Reforma Electoral. La definición final será votada entre consejerías y posteriormente podría llevarse al Consejo General, antes de concentrarse en el escritorio del Ejecutivo federal.
Fuente: Tribuna del Yaqui
