Ensenada, Baja California.- El feminicidio de Lucero Rubí Ojeda conmocionó a la comunidad. Su asesino, quien era su expareja, la mató a tiros en su propio trabajo y luego se suicidó.
Aunque la víctima lo había acusado anteriormente de haberla secuestrado y agredido en múltiples ocasiones, un juez lo liberó con una multa de mil 500 pesos y poco después, la asesinó.
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Aunque el brutal crimen ocurrió en septiembre del 2020, aún se exige justicia por lo que le sucedió a la joven de 26 años. A Rubí le falló el sistema pese a que interpuso denuncias de violencia intrafamiliar contra su agresor.
Los hechos sucedieron la mañana del 24 de septiembre del año pasado, cuando Rubí llegó a su trabajo, donde laboraba como promotora social en el Centro de Salud. Su pareja, Pedro Martínez, la esperaba dentro con un arma de fuego.
El feminicida se disfrazó de enfermero para poder pasar por el filtro de seguridad de la entrada. Un guardia lo dejó pasar y se escondió en el baño hasta que salió y la ejecutó de varios tiros. Al verse rodeado, él se quitó la vida ahí mismo.
Pedro tenía un largo historial de reportes y denuncias penales relacionadas con violencia intrafamiliar, pero aún así logró evadir la justicia para matar a su expareja.
La hermana de Lucero Rubí aseguraba que el sujeto la hostigaba y amenazaba tanto que ella incluso tuvo que dejar de usar su vehículo para que no la reconociera por la calle.
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Unos días antes de matarla, el sujeto llevó a Rubí a una playa del poblado y la retuvo desde las 7:00 horas de la mañana hasta la tarde, en donde ella fue víctima de abuso sexual, verbal y físico.
Pese a que ella lo denunció y lo detuvieron, lo liberaron poco después con solo una multa. La investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGJE) ha señalado que "no se encontraron" las actas de los reportes que la joven de 26 años realizó previo a su asesinato.
Por esta omisión en el sistema administrativo es que se busca sancionar a los jueces, lo que hasta ahora no se ha cumplido. La pareja tenía un hijo en común, quien recibe apoyo psicológico desde lo ocurrido.
La familia de Rubí exige a autoridades la reparación del daño para proteger la salud y educación del menor, quien quedó huérfano, sin embargo, aún no hay respuesta.
Además, señalan que la Secretaría de Salud se comprometió a pagar los gastos funerarios y la indemnización, pero hasta el momento, no han cumplido con lo estipulado.
Fuente: Sin Embargo y Cultura Colectiva News