Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio (UEMED), obtuvo dos sentencias favorables en las que se declaró procedente el ejercicio de la acción de extinción de dominio a favor del Gobierno Federal, se trata de la cuarta y quinta sentencia, sobre bienes decomisados durante operativos de seguridad realizados en diferentes momentos en el 2021 y en el 2014.
Respecto a la cuarta sentencia, se trata del numerario del cual el titular no acreditó la legítima procedencia. De acuerdo con la carpeta de investigación del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) fue en julio de 2021 cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) realizaron la detención de una persona en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Hermosillo, Sonora, luego de demostrarse que ocultaba, pegados en sus pantorrillas, la cantidad de 500 mil pesos en billetes de 500 pesos.
En tanto, sobre la quinta sentencia, se refiere a una extinción de dominio lograda por la Fiscalía General, la cual se obtuvo sobre un inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco, luego de que el propietario no acreditó la legítima procedencia de dicha propiedad, además, esta persona es señalada de probablemente servir como un prestanombres para el grupo delictivo denominado Los Zetas, según se detalla en la capeta de investigación.
De acuerdo con la indagatoria penal, se señaló que fue en diciembre del 2014 cuando se realizó un cateo en el referido inmueble, en donde al interior se encontraron armas de fuego, narcóticos y se realizó la detención de uno de los líderes de dicha organización criminal. Por lo anterior, la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio podrá ejercer la acción de extinción de dominio en los dos casos.
Cabe mencionar que en el marco de las aprobación de las sentencias, en este contexto y agotado el procedimiento jurisdiccional en todas sus etapas, se logró obtener la cuarta y quinta sentencia a nivel federal en juicio oral, que en conjunto asciende a un monto de más de cuatro millones y medio de pesos, afectando así las finanzas de la delincuencia organizada, al privarla de recursos obtenidos de forma ilícita.
Fuente Tribuna